Temer se fue de gira en una semana que puede ser clave en el Lava Jato

El presidente brasileño, Michel Temer, denunció penalmente por calumnias a Joesley Batista, el dueño del frigorífico JBS, cuya denuncia puso contra las cuerdas y advirtió que los «criminales no saldrán impunes», al redoblar su disputa con el empresario que lo grabó supuestamente avalando sobornos. Luego se embarcó hacia Rusia y Noruega para una visita de una semana que pondrá a prueba tensiones políticas, como la fidelidad del presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, número 2 en la actual jerarquía institucional del país que estará a cargo de la administración hasta el sábado.

El viaje se produce en una semana en la que las situaciones judiciales del propio Temer, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y del ex candidato presidencial Aecio Neves, podrían propiciar un nuevo reagrupamiento de fuerzas en la crisis brasileña, en medio de denuncias de abusos contra el Ministerio Público. Temer y Neves, aliados, grabados por el empresario delator Joesley Batista, pueden tener desenlaces más impactantes que el ex mandatario Lula da Silva.

En las próximas horas, el senador suspendido del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), hasta hace un mes considerado un abanderado de la ética en la política, puede ser detenido en caso de que así se decida en la reunión agendada en el Supremo Tribunal Federal (STF). Neves está denunciado por el fiscal general por corrupción por haberle pedido -según figura en el audio- unos 650 mil dólares al empresario Batista, quien también grabó a Temer y lo colocó contra las cuerdas.

El PSDB de Aecio Neves cerró filas la semana pasada a permanecer en el gobierno de Temer, pero el ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1955-2002), uno de sus miembros más influyentes, le pidió a Temer, que tenga un «acto de grandeza» y convoque a elecciones anticipadas.
Temer, por su parte, prepara munición contra el fiscal Rodrigo Janot, a quien se considera el enemigo número uno del gobierno por haber realizado un acuerdo de delación pactada de Batista, quien Batista acusó al presidente en la revista Época del fin de semana de ser el jefe de «la mayor organización delictiva de Brasil» y de pedirle desde 2010 dinero para campañas y para pagar sobornos. Hoy, Temer demandó a Batista por calumnias y le advirtió por Twitter que «los criminales no saldrán impunes».

El tercer frente de las situaciones judiciales ha unido a rivales históricos como Lula y el ex presidente Cardoso: el sociólogo adhirió a la tesis del ex tornero mecánico de que la crisis debe ser solucionada con elecciones anticipadas.

Este escenario favorece a Lula porque lidera las encuestas y porque también corre para él la cuenta regresiva para su primera sentencia de los cinco procesos abiertos que se tramitan en su contra vinculados a la Operación Lava Jato. El miércoles, el juez Sergio Moro concluye el plazo para que la defensa y la fiscalía de la ciudad de Curitiba presenten sus argumentos antes de dar un veredicto sobre la denuncia que indica que el ex presidente recibió un apartamento en Guarujá, en la costa paulista, por parte de la empresa OAS, en medio de la trama de favores y coimas de Petrobras.

Lula acusó a Moro por abuso de poder por haberlo llevado a declarar por la fuerza el 4 de marzo de 2016, abriendo un escenario de alto voltaje social y mediático en el país que le impidió al ex presidente asumir como jefe de gabinete de Dilma Rousseff, cuando el gobierno agonizaba y se encaminaba al poder el tándem del entonces vice Michel Temer con Aecio Neves para imponer la agenda de la antigua oposición.
El fiscal Deltan Dallagnol, quien causó revuelo esta semana, ya que en su página web informa que cobra unos 10.000 dólares por dar conferencias sobre la lucha contra la corrupción, pidió la detención de Lula, algo que según la corte puede ocurrir apenas tras una confirmación en segunda instancia de una sentencia.

El escenario sobre Lula corre contra el tiempo también: si quiere ser candidato, por la ley de la Ficha Limpia, deberá anotarse en la justicia electoral antes de que el tribunal de segunda instancia de Porto Alegre confirme o rechace una eventual sentencia.
Si tiene una sentencia confirmada por un tribunal de segunda instancia, nadie en Brasil puede presentarse como candidato.