Tercerizados del Ministerio de Trabajo protestan por falta de pago

Se trata de empleados que, en la década del `90 revestían como trabajadores de planta del estado y que en aquel entonces fueron parte de la fuerte oleada de tercerizaciones y despidos en el Estado. 

El propósito de la tercerización fue el de evadir los convenios del Estado para imponer condiciones de trabajo precarias. De hecho, los 100 trabajadores que limpian los edificios dependientes de la cartera laboral en la ciudad, perciben, en promedio, $9.400 por 8 horas de trabajo. 

Esta situación de precariedad no fue revertida por ninguno de los gobiernos que sucedieron al menemismo. Uno de los casos más resonantes fue el de los trabajadores tercerizados del comedor de la Casa Rosada que fueron restituidos al convenio de los estatales nacionales a partir de la toma de las instalaciones de la Casa de Gobierno a mediados de la década pasada y por la cual sus dirigentes fueron demorados por la policía.

Néstor Amaya delegado del SITMA-CTA en trabajo, explicó a este diario que “estamos tratando de que se visualice. Es paradójico que esto ocurra dentro del Ministerio de Trabajo que es quien debería estar protegiéndonos.” denunció. 

El delegado detalló que “vamos pasando de una empresa tercerizada a otra. Ahora la empresa se llama INMANTEC SRL. Las condiciones son muy malas, si no es un problema de atraso en el pago de los sueldos, es porque no nos proveen la ropa o las maquinarias. El convenio que rige es el del SOM, no podemos faltar ni siquiera cuando estamos enfermos porque por más que presentemos certificado nos descuentan mil pesos por día de un sueldo de 9 mil que no llega ni cerca a la canasta de pobreza”. 

La tercerización, “se arrastra de años” pero, según puntualizó Amaya, “a comienzos de este año empezamos con el problema de los sueldos. Todos los meses tenemos que hacer retención de tareas, cobramos de a puchos, el viernes le depositaron el 50% del sueldo al 50% del personal. Tenemos compañeras que son madres solteras y que no tienen para darle de comer a sus hijos.”, graficó. 

Consultado sobre la responsabilidad del ministerio explicó que “hemos tenido reuniones con asesores que no tienen capacidad de decisión. La empresa dice que el ministerio les debe varios meses. El ministerio lo reconoce pero dice que le hicieron un plan de pago que la empresa rechaza. Nosotros quedamos en el medio. Queremos que nos tomen como Art. 9 (planta transitoria con renovación anual) y que dependamos del estado y no de una empresa que solo le interesa llevarse la plata. Vamos a seguir haciendo los reclamos adentro y haciendo ruido. Si fuera necesario empezaremos a cortar calles porque es la única manera de que te escuchen.”