Testimonios sobre el «Diario Militar»: «La búsqueda de justicia no parará, a pesar de la represión»

La madre y el padre de Rolando Orantes son los registros 31 y 23 del Diario Militar (DM). Eran comunistas. Su madre fue una de las pocas sobrevivientes. Rolando es quien escribe para No-Ficción la serie “Diario Militar”. Jovita Tzul, mujer maya K’iche, es abogada del Centro para la Acción Legal en DD HH que acompaña a un grupo de víctimas querellantes.

-Después de 40 años de los crímenes, el caso llegó a la Justicia guatemalteca. ¿Cómo fue el proceso?

RO: -La búsqueda de justicia inicia en el mismo momento en que apareció el diario, cuando FAMDEGUA, el GAM y otras organizaciones presentaron denuncias ante el Ministerio Público.

JT: -En 2005 se presentó el caso en la CIDH y en virtud de su sentencia de 2012, el Estado tiene la obligación de buscar a las personas desaparecidas, sancionar a los responsables y, también, reparar a las víctimas. Por supuesto no lo hace de buena voluntad. Fue fundamental el trabajo constante de los familiares aportando testimonios, documentación. La suma de todo esto, más el compromiso de fiscales y jueces independientes -a los que el mismo sistema judicial les pasa factura- permitió que el caso avance. Así es que en 2021, el Juez Miguel Ángel Galvez dicta las órdenes de aprehensión y luego envía a juicio a 9 importantes militares y policías implicados, Marco Antonio González Taracena, Víctor Augusto Vásquez Echeverría, Gustavo Adolfo Oliva Blanco, Juan Francisco Cifuentes Cano, Jacobo Esdras Salán Sánchez, José Daniel Monterroso Villagrán, Enrique Cifuentes de la Cruz, Edgar Corado Samayoa y Rone René Lara. Otros 4 esperan por su situación procesal, entre ellos, Toribio Acevedo Ramirez.

-¿Cuáles son los delitos que se juzgan?

-JT: Desaparición forzada, delitos contra deberes de humanidad y, en algunos casos, también asesinato. En Guatemala hay más de 45 mil personas desaparecidas. Hubo una política de desaparición. El DM es una muestra de lo que llamamos circuito de clandestinidad al que hombres, mujeres, niños, niñas, fueron sometidos y que tiene varias etapas, el secuestro, la tortura que implicó, en el caso de las mujeres, el uso de su cuerpo como arma y botín de guerra, el sometimiento a servidumbre doméstica y sexual, la situación de maternar en clandestinidad. Otro momento es la muerte, las ejecuciones que registra el DM. Para probarlo se cuenta con muchas declaraciones de familiares, sobrevivientes, que muestran que todo lo registrado en el DM es cierto. Además, los recursos de exhibición que las familias presentaban coinciden con los detalles de capturas del DM. Y hay muchísima evidencia surgida del Archivo Histórico de la Policía Nacional, peritajes.

-¿Cómo se ubica el caso dentro del proceso de justicia transicional de Guatemala?

JT: -El caso tiene una particularidad porque son hechos que se dieron en los ámbitos urbanos. Pero muchas personas secuestradas en la ciudad fueron enviadas a otras zonas militares del país. Había un recorrido por distintos espacios militares y conexión entre ellos. Entonces esta política estaba conectada con otras masacres que también se están juzgando. Por ejemplo, con el caso CREOMPAZ en la zona militar de Cobán, en donde se encuentra uno de los cementerios clandestinos más grande de América Latina con más de 500 osamentas.

–¿Hay alguna relación entre la renuncia de Gálvez y el DM?

RO: -A Gálvez le han puesto docenas de denuncias desde 2015, pero ninguna había sido tomada en serio. Prosperaron cuando envió a juicio a nueve militares y exsargentos que incluían a un exministro de Defensa, y que ordenara la captura de un ex oficial de inteligencia, Toribio Acevedo Ramírez, que trabaja para la principal cementera del país, Cementos Progreso.

JT: Definitivamente. Es ahí cuando las presiones de la Fundación contra el Terrorismo (FCT) en su contra se incrementan, presentan denuncias, recusaciones. Esta agrupación de militares y otros personajes ha defendido los intereses oligárquicos y militares de este país y viene actuando contra varios operadores de Justicia. La suma de estos casos empuja la salida del juez y la poca transparencia en el proceso de antejuicio lo llevan a renunciar.

-El juez que lo reemplazó otorgó medidas sustitutivas. ¿Cuáles son sus implicancias?

JT: -El nuevo juez, Rudy Bautista, ya había otorgado arrestos domiciliarios en casos de corrupción. En este caso, uno de los favorecidos es el coronel Salán Sánchez, cuyas acusaciones son las más fundamentadas dado que hay testigos presenciales que lo reconocen. La medida pone en riesgo la integridad, seguridad y la vida de los sobrevivientes, de los querellantes, de sus equipos legales porque estas personas integraban estructuras clandestinas capaces de perfilar, perseguir, torturar y desaparecer. Además pone en un hilo muy delgado el avance del proceso porque se suma a la liberación otorgada por la jueza Claudette Dominguez a Toribio Acevedo. Es posible que los demás sindicados soliciten arresto domiciliario. Eso pone en riesgo el juicio mismo.

-Desde que asumió el gobierno de Alejandro Giammattei más de 30 fiscales, jueces y periodistas se han exiliado de Guatemala. ¿Qué está pasando?

JT: -Estamos viviendo un particular contexto de represión autoritaria en contra de los operadores de Justicia. Desde hace años lo vienen sufriendo defensoras de Derechos Humanos, líderes de las comunidades en defensa del territorio, pero hoy se hace más visible porque afecta directamente a operadores de Justicia. Pero la búsqueda de justicia no va a parar, no ha parado por más de 40 años, así que esa lucha continuará.