Tanto la Asociación empresaria Argentina como la Unión Industrial sacaron sendos comunicados llamando al "diálogo" y pidiendo "respeto".

A pesar de la fuerza de los epítetos, el círculo rojo –compuesto por, entre otros, los empresarios más fuertes de la Argentina– prefirió dar respuestas medidas, en las que reclamaron por el “diálogo” y el “respeto”.
Esta posición no hace más que afirmar al presidente en su decisión de atacar e insultar para someter al conjunto del establishment político, económico y social a su idea de una “rediseñar la arquitectura institucional (del país) por los próximos 50 años”, algo que repitió varias veces en su discurso.
“Para avanzar hacia un crecimiento sostenido, es indispensable promover un diálogo constructivo y respetuoso entre el gobierno y el sector privado de modo de remover los obstáculos al desarrollo, así como generar condiciones cada vez más favorables para la concreción de inversiones productivas en diferentes sectores de la actividad económica”, dijo AEA en un comunicado. De AEA participan los dueños de las empresas más grandes del país, como Paolo Rocca, de Techint (uno de los señalados con nombre y apellido por Milei); Luis Pagani, de Arcor; Héctor Magnetto, del Grupo Clarín; y Alejandro Bulgheroni, de Pan American Energy.
En tanto, la Unión Industrial aseguró: “El respeto es condición básica del desarrollo. Respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país”. En una carta abierta, la central fabril que conduce Martín Rappallini afirmó: “Es importante señalar que el empresario argentino no diseñó el marco económico previo ni es responsable de las distorsiones estructurales acumuladas durante décadas”, agregaron.
La UIA se encuentra inmersa en una crisis interna por los cuestionamientos cada vez más agudos al acompañamiento acrítico de la política económica de Milei, llevado adelante primero por Daniel Funes de Rioja y después por Rappallini. La suma de caída del consumo, apertura importadora, dólar barato y tasas de interés elevadas creo un ambiente más difícil para el sector.
Según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y de ARCA, en lo que va del gobierno de Milei alrededor de 1.000 empresas industriales cerraron sus puertas y se perdieron unos 70.000 puestos de trabajo asalariados registrados en las fábricas.
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