Tierra del Fuego, entre la reconversión productiva y la clausura lisa y llana

La situación social de la provincia más austral del país estuvo en el centro del escenario durante todo 2016. La crisis fiscal produjo uno de los conflictos gremiales más largos del año a partir del proyecto que la gobernadora Rosana Bertone (FPV) enviara a principios de año para extender la edad jubilatoria (derogando el beneficio de los «25 inviernos») y, entre otras medidas de ajuste, imponer un ajuste salarial a los empleados públicos, a los que quiso imponer un aumento nulo.

Ahora, la gobernadora está gestionando una nueva asistencia del gobierno nacional por $ 400 millones para afrontar el pago del aguinaldo.
Estimaciones locales indican que desde diciembre se produjeron 5000 despidos. En este momento hay un fuerte conflicto por 162 cesantías en la empresa informática IFSA.

El plan de reconversión productiva que plantea la apertura de la importación de productos informáticos desde principios de abril, a través de la reducción a cero de los aranceles sobre esos bienes que hoy pagan un 35%, podría tornar obsoleto el entramado productivo del sector en la Isla.

La situación ha puesto nuevamente de relieve el debate sobre la viabilidad del territorio en los términos en los que se ha venido desenvolviendo de un tiempo a esta parte.

Según Federico Hellemeyer, presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), la apertura «amenaza unos 500 empleos que producen bienes informáticos de los 10 mil empleos involucrados en el sector electrónico».

Según Hellemeyer, las exenciones impositivas existentes no serían suficientes para garantizar la rentabilidad del sector: «No queremos añadir conflictividad en la provincia, pero necesitamos una actividad que justifique los niveles de empleo que tenemos», aseguró.

Tierra del Fuego goza, desde 1945, de beneficios fiscales por un decreto del Poder Ejecutivo. Con modificaciones, hoy rige la Ley 19.640 promulgada en 1972 que otorga un régimen especial en materia fiscal y aduanera. La norma concede a empresas de determinados sectores que se radiquen allí la exención del IVA para compras y ventas, del Impuesto a las Ganancias, del pago de los derechos de importación y de una reducción del impuesto interno sobre productos electrónicos.
En 2016 la ley se tradujo en un «gasto tributario» de 29.338 millones de pesos, equivalente al 64% de las exenciones por regímenes de promoción económica vigentes en el país que, a su vez, representan el 20% de todos los gastos tributarios que incluyen esos regímenes de promoción y los denominados «tratamientos especiales» que ascenderían, para el año en curso, hasta 218.791 millones de pesos. El Presupuesto 2017 proyecta un costo fiscal del régimen especial fueguino de $ 35.953 sobre un total de $ 230 mil millones de gastos tributarios planificados. De esas exenciones, poco más de la mitad se explican por la industria electrónica que factura $ 40 mil millones anuales, mientras que la otra mitad surge de sectores como la industria del plástico y la textil, entre otras.

Si bien el «subrégimen industrial» (la reglamentación de la ley) garantiza la vigencia de los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2023, también es cierto que, en 1989, por la crisis económica, la ley fue suspendida en forma parcial.

Hellemeyer, sin embargo, aseguró que, según sus negociaciones con el gobierno, «no hay un plan de reestructuración general de la provincia. Hay una idea de trabajar en la competitividad del sector buscando las mejores opciones pero la idea es seguir con la electrónica de Tierra del Fuego, al menos, hasta 2023.»

El economista y consultor de empresas industriales Mariano Kestelboim, en diálogo con Tiempo opinó que «hay que revisar la Ley 19.640. El esquema vigente hasta el año pasado no era consistente. Las empresas buscaron capitalizar beneficios fiscales y no se orientaron al desarrollo productivo. Pero es lo natural en una economía de mercado, el problema es la falta de instrumentos y controles.» denunció.

Para Marcelo Ramal, economista del FIT-PO, «la idea de la inviabilidad surge del gobierno que decidió trasladar el ajuste y la crisis fiscal a los metalúrgicos. No tocan los beneficios de los monopolios de la industria electrónica sino los puestos de trabajo. Es cierto que la industria fueguina se construyó sobre una enorme transferencia de recursos del Estado, pero no es una excepción. Toda la clase capitalista fue subsidiada con licuaciones de deuda y todo tipo de rescates.»

Ramal agregó: «La reconversión de la Isla debe ser discutida en un congreso de trabajadores a partir de la defensa del derecho al trabajo y de las conquistas laborales y sociales. Los costos de la reconversión deben ser afrontados por las patronales que deberían publicitar los costo reales de sus empresas, los beneficios acumulados y las operaciones de comercio exterior y fiscales durante la última década.»

Para Kestelboim, «no es sólo la electrónica, también se ve entre los textiles, donde hay una gran producción que no tiene sentido. Hay que hacer una reconversión general de la provincia hacia el turismo, la actividad portuaria y el comercio.» «