«Todo acto destinado a presionar a los jueces es muy preocupante»

La noticia llegó desde Córdoba el último martes, enseguida saltó a los sitios web. Un juez federal –el titular del juzgado número 3 de ese fuero- había hecho lugar a una medida cautelar solicitada por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme). En su fallo, el magistrado disponía la suspensión de las resoluciones del Enargas que establecían el aumento de las tarifas y el retorno al cuadro vigente al 31 de marzo para las pequeñas y medianas empresas. Para algunos medios, el dato más importante no fue ese hecho, sino el apellido y la historia familiar del magistrado que había firmado la cautelar: se llama Miguel Hugo Vaca Narvaja, tiene 49 años, es hincha de Belgrano, su padre y su hermano –ambos Miguel Hugo- fueron asesinados por la dictadura. Titular del juzgado federal 3 de Córdoba desde el 20 de noviembre de 2014, Vaca Narvaja es primo hermano de Camilo, joven militante del peronismo que además es el padre de la hija de Florencia Kirchner.

Apenas se supo que el juez Vaca Narvaja había retrotraído las tarifas de gas al valor anterior al 31 de marzo vincularon su resolución –que, al tratarse de una acción colectiva, de acuerdo a la acordada 32/2014 de la Corte Suprema, suspendía el tarifazo para las pymes- con su historia familiar. No faltaron las alusiones a su tío, Fernando Vaca Narvaja, que llegó a ser uno de los comandantes de la organización Montoneros. La cobertura sesgada que intentaron algunos medios reactualizó el clima de intimidaciones y hostigamiento sufrido por la jueza federal de San Martín, Martina Forns, la primera magistrada que suspendió el incremento de tarifas, en su caso de electricidad, tras un amparo presentado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis). El jueves pasado, el Estado Nacional y Enargas apelaron –el Estado con efecto suspensivo, lo que vuelve a poner en vigencia los aumentos- la medida cautelar dictada por Vaca Narvaja.

«Todo acto o conducta destinado a presionar a los magistrados, que son funcionarios que deben moverse con una independencia de criterio que debe estar garantizada, es muy preocupante», subraya el juez en esta entrevista con Tiempo.

-¿Qué va a pasar con las tarifas para las pymes?

-Recordemos que para fundar la medida cautelar no se requieren los mismos fundamentos que para una sentencia. Pero tampoco se puede tomar una medida cautelar sin llegar a brindar los fundamentos necesarios para justificar la medida. Hay que considerar la situación del sector: la pequeña y mediana empresa y la necesidad de consumo de gas en general. Porque este sector da trabajo al 75% u 80% del sector privado en la Argentina. Además, hay que tener en cuenta la inflación actual, que es superior al 40% anual, y que hay una baja pronunciada en el empleo, según datos brindados por el Indec. También hay una baja en el consumo importante, que obviamente está afectando a las pymes. Por todo esto consideramos que la medida cautelar era procedente. Ahora, como lo establece también la ley, que habla de un término de 48 horas, ha apelado el Estado Nacional. La medida cautelar que dictamos tenía una duración –un plazo previsto hacia adelante- de tres meses. Y la medida consistía en que este sector, de las pymes, continuara abonando las facturas que venían pagando antes del 31 de marzo del corriente año y que la diferencia de pago que se debía por las facturas que se están adeudando –porque no ha habido facturación en estos meses hasta que la Corte dictó el fallo de la causa CEPIS- se pudiera abonar por lo menos en cuatro cuotas. Esa fue la resolución que se dictó.

-Algunas interpretaciones consideran que la jurisprudencia de la Corte deja abierta la protección de los sectores de las pymes.

-Al dictaminar la medida cautelar, nosotros nos hicimos eco del fallo de CEPIS de la Corte. Por supuesto. En los votos de los doctores (Horacio) Rosatti y (Juan Carlos) Maqueda se habla con mucha claridad de cómo debían ser los ajustes tarifarios. Nosotros lo consideramos como un precedente jurisprudencial aplicable al caso, y también a la medida cautelar. Y, por supuesto, también lo vamos a tener en cuenta al momento de definir la cuestión de fondo. Ahora, tras recibir la apelación del Estado Nacional y de Enargas, respecto de la cautelar, estoy esperando unos informes sobre la cuestión de fondo, una prueba que había sido solicitada por la actora. Y una vez que eso esté completo calculo que estaré en condiciones de dictar el fallo sobre la cuestión de fondo. En poco tiempo será resuelto el amparo, al menos en esta instancia.

-La jueza Martina Forns denunció aprietes e intimidaciones. ¿Hay un clima de condicionamiento y presión sobre los jueces que tienen que intervenir en los litigios por tarifas de servicios públicos?

-Lo de la jueza Martina Forns es una cuestión muy preocupante. Y me parece preocupante también lo que ha sucedido hace poco con el juez Daniel Rafecas. Todo acto o conducta destinado a presionar a los magistrados, que son funcionarios que deben moverse con una independencia de criterio que debe estar garantizada, es muy preocupante. Cualquiera que sea el gobierno de turno. Vivimos en una democracia, vivimos en un sistema republicano. Y la independencia de los poderes es fundamental para el normal desarrollo de las personas dentro de ese sistema, que está regido por la Constitución, por los tratados internacionales contemplados en el artículo 75 inciso 22, y por las leyes vigentes. Entonces, cualquier acto de intimidación hacia cualquier colega, me parece preocupante. En mi caso particular, nunca en el ejercicio de la función de la magistratura, en la que estoy por cumplir dos años, ni tampoco cuando era abogado ni funcionario, he tenido amenazas o presiones de ninguna índole.

-Después de que se hiciera público el amparo, en algunos medios –sobre todo en la Web- se vinculó su actuación con la historia de su familia.

-La verdad es que no leo mucho las redes sociales. No tengo mucha participación. La cantidad de trabajo que uno tiene es demasiada como para dedicar tiempo a esto. Sí recibí comentarios de algunos conocidos y amigos. Por ciertas notas aparecidas en algunos medios, en las que se hacía alusión a la familia. La verdad, dan mucha gracia. Porque justamente esos medios -en los que se hacía alusión a cuestiones o vínculos propios de mi familia- no decían nada sobre la resolución. Y de lo que estamos hablando acá es sobre ese tema: las tarifas de servicios públicos y las pymes. Porque mi nombre como juez federal, mi aparición en esta cuestión, se produce de una manera aleatoria: por el dictado de una resolución en el marco de una enorme cantidad de expedientes que hay en mi juzgado. «