Todos contra la domiciliaria a Etchecolatz

El recurso de las querellas fue presentado por Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), la Unión por los Derechos Humanos, Cristina Gioglio, Veronica Bogliano y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en el expediente caratulado “Etchecolatz, Miguel Osvaldo s/Incidente de Prisión domiciliaria”, donde -en distintos fallos- los jueces Germán Castelli, Jorge Michell y Alejandro Esmoris, otorgaron el beneficio al represor.

En la apelación pidieron al tribunal que eleve la actuación a la Cámara de Casación Penal y que “se revoque la detención domiciliaria de Miguel Osvaldo Etchecolatz”. Los argumentos apuntaron a desmontar “la cuestión humanitaria o de dignidad” que postuló el juez Castelli, y que contradice lo que dijeron los peritosdel Cuerpo Médico Forense y del Hospital Penitenciario de la Cárcel de Ezeiza, para quienes el preso estaba en condiciones de permanecer tras los muros.

El recurso fue presentado cuando todas las opiniones caminan en contra del beneficio al ex Director de Inteligencia de la Policía Bonaerense durante 1976 y finales de 1978, en los años más sangrientos de la dictadura cívico militar. El miercoles se conoció la decisión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de modificar su postura de laissez faire -que en el tribunal se traducía como un respaldo a la domiciliaria- y de que pedirá a los jueces “que revoque el arresto domiciliario en función de las serias dudas que dejan los estudios médicos con que se fundamentó su otorgamiento”, explicó Claudio Avruj al diario Página/12.

En tanto, los fiscales federales Juan Martín Nogueira, Hernán Schapiro y Marcelo Molina, en tanto, dijeron a Tiempo que en los próximos días presentarán un recurso para que la Cámara de Casación revea la resolución del TOF-1 a favor del ex policía.

La apelación de las querellas

En su apelación -a la que accedió Tiempo– los organismos remarcaron que “ los informes del Cuerpo Médico Forense aseguran que dado su estado de salud, (Etchecolatz) puede continuar alojado en un establecimiento del Servicio Penitenciario adecuado a sus características”. Y remarcaron que la doctora Nelsy Beatriz Medina, directora del Hospital Penitenciario Central I de Ezeiza, “ cuenta con todo el equipamiento necesario para atender inmediatamente cualquier tipo de descompensación que sufriera, y si así no fuera tienen ambulancia que demoraría 15 minutos en llegar al Hospital Interzonal”.

También recordaron el informe de los médicos penitenciarios que lo atendieron durante la huelga de hambre y se preguntaron “cuán deteriorada estaba el estado de salud” del represor si tras una inanición de dos semanas y con 87 años “mantiene estabilidad en su salud con indicadores cardíacos y demás valores dentro de los estándares normales”.

Por todo eso, consideraron que existió “arbitrariedad en la concesión del beneficio en la resolución del día 22 de julio”. Ese fallo se fundamentó en las razones humanitarias del voto de Castelli, que luego repitió en otros dos expedientes que favorecieron al ex jefe policial de la dictadura. 

Los organismos, apuntaron que las razones humanitarias demuestran que “según el Dr. Castelli, él pudo ver enfermedades que los médicos oficiales y de parte no advirtieron”.

Respecto del voto de Esmoris, que argumentó que merecía el beneficio por el mero hecho de ser mayor de 70 años, le recordaron que en instancias superiores la justicia ya dictaminó que ese no es el único requisito.

Idas, vueltas y demoras

El rechazo generalizado a la decisión de la justicia de enviar a Etchecolatz a su casa sumó el miércoles un nuevo repudio con una marcha organizada por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), el colectivo de querellantes Justicia Ya! y organizaciones de izquierda. Ese espacio presentó una recusación al juez Esmoris, lo que retrazó la decisión del tribunal sobre el último incidente en el que el represor pidió la domiciliaria.

Por otra parte, adelantándose al paso que esta semana dio Avruj, pero en silencio, la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, había presentado una nota en la que, en dos párrafos, pidió que no le sea otorgado el beneficio al represor.