La derecha y el lobby empresario, agitando el fantasma del ataque ruso y cobijados en la tradición plebiscitaria, van por una consulta que amenaza principios éticos de la Confederación Helvética.

Las presiones de la industria de la muerte –encabezada por los fabricantes de los cañones antiaéreos de alta precisión Rheinmetall, de los vehículos blindados Piranha y por la Swiss Arms AG– corren a la par de las de una Europa que se rearma a un ritmo jamás visto desde los años de la Guerra Fría, para conjugarse y hacer que Suiza flexibilice la venta a países en conflicto. En 2021 el Parlamento había prohibido la venta de armas a zonas de guerra, pero por algún lado, siempre de forma ilegal, los envíos se filtraron, básicamente hacia Ucrania.
Las autoridades suizas señalan, sin embargo, que esas exportaciones “pirata” y el principio de neutralidad son compatibles. Pese a la vigencia de la decisión legislativa de 2021, Suiza empezó por otorgar licencias de exportación y reexportación de armas a 25 países, incluso si están en medio de un conflicto. Antes, la prohibición había llevado a que Países Bajos, Alemania, Dinamarca y España aplicaran una forma no declarada de boicot. Países Bajos, por ejemplo, respondió suspendiendo sus compras. Alemania, excluyendo a los fabricantes suizos de la licitación por un gran pedido de equipos. El boicot se da cuando la industria bélica helvética se relame, ante una Europa que se rearma, impulsada por un imaginario ataque de Rusia y las amenazas de Estados Unidos de retirarse de la OTAN.
Cuando el Parlamento, presionado por la Swissmem, la asociación de industrias mecánicas, visualizó que sin la posibilidad de exportar la industria corría el riesgo de desaparecer, o achicarse, surgió la flexibilización, con las primeras de aquellas 25 licencias. Swissmem, como también lo están haciendo las más famosas multinacionales (Roche, UBS, Nestlé) ante el riesgo de quedarse sin mano de obra inmigrante, chantajea advirtiendo que para eludir restricciones y el boicot europeo, algunos de los fabricantes de armas y municiones podrían trasladar su producción al extranjero. A fines de enero, durante el debate parlamentario, el ministro de Defensa, Martin Pfister, había repetido el discurso empresario, señalando que la flexibilización no colisiona con la neutralidad.
Los dichos de Pfister suponen un cambio sustancial ante lo que ha sido la política oficial, aquella que indujo a rechazar los pedidos de reexportación hacia Ucrania, de Alemania y Países Bajos. El gobierno había asustado, al decir que, como país neutral, está obligado a aplicar el principio de igualdad. Por eso, si permitiera el ingreso de armas suizas a Ucrania se vería obligado a enviar a Rusia una cantidad equivalente. Mientras el Parlamento debatía sobre la flexibilización de las restricciones, nadie acordaba en cuanto a lo que significaría para la neutralidad. Hubo quienes, presionados también, sostuvieron que tendría un efecto fortalecedor, ya que una industria próspera ayudaría a mantener la neutralidad armada de Suiza y su capacidad de autodefensa. En la sociedad, a pocos les interesaba ese debate.
Suiza no es el único país europeo que está en proceso de revisión de su neutralidad, aunque ello no sea producto de una política de Estado sino del juego de otros intereses, factores de presión que actúan sobre el gobierno y los legisladores. Finlandia y Suecia eligieron unirse a la OTAN y Chipre dejó de comprar armas a Rusia, se alineó con el bloque occidental regenteado por Estados Unidos y pretende ingresar a la alianza. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Suiza se aproximó a ese pacto militar y fijó en su estrategia de seguridad una vía para la defensa conjunta en caso de un hipotético ataque a su territorio. A diferencia de Chipre, sin embargo, nadie se ha planteado la idea de una adhesión a la OTAN.
Los impulsores del referéndum dicen que la consulta busca institucionalizar el principio de neutralidad y prohibir la participación suiza en conflictos bélicos, el envío de armas a países en guerra y materializar la imposición de sanciones a terceros países sólo cuando sean decididas y ratificadas por la ONU. Actualmente, Suiza proclama su neutralidad en el caso ucraniano pero aplica a Rusia sanciones que han sido impuestas por la Unión Europea. Además, se unió a la ESSI, una iniciativa de defensa aérea impulsada por Alemania y suscripta por más de veinte países europeos. La ESSI aspira a conformar un sistema integrado, reforzando la estructura de la OTAN ante amenazas de misiles balísticos, de crucero e hipersónicos.
El Parlamento aún no fijó la fecha del referéndum sobre la neutralidad, un ejercicio de democracia directa que se remonta a 1848 y se ha utilizado en casi 700 oportunidades, la última en diciembre, sobre impuestos a las sucesiones de los ricos. De recibir el Sí, la Iniciativa, promovida entre otros por el polémico ex mandamás de la FIFA, Joseph Blatter, consagraría en la Constitución la “neutralidad perpetua y armada”. Hoy la neutralidad es una responsabilidad del Ejecutivo y el Legislativo, lo que permitió adaptar el concepto a las circunstancias geopolíticas y permanecer lejos de los organismos supranacionales, salvo la ONU, a la que ingresó recién en 2002. Esa distancia le permitió acoger decenas de agencias internacionales, mediar en todo tipo de conflictos y hacer buenos negocios. Sobre todo eso, hasta extender la política del “no de metás” al lucrativo secreto bancario.
En la segunda temporada de referéndums del año los suizos están convocados a sumarse a las mismas propuestas de la ultraderecha occidental, que no para de crecer en esta decadente Europa que ya parió varios gobiernos nazi-fascistas y tiene a otros tantos en la incubadora. El Partido Popular Suizo (SVP) juntó, a puro odio, las 100 mil firmas necesarias para activar la consulta, y el 10 de junio los 26 cantones de la Confederación Helvética deberán decir –en alemán, francés, italiano, romance u otra de las sub-lenguas oficiales–, si están o no de acuerdo en limitar el número de habitantes de su país a no más de 10 millones de personas. Así nomás, con la confusa oposición de los demás partidos y una parte de las cámaras empresariales, los suizos están invitados a legalizar la xenofobia.
El Consejo Federal, la rama ejecutiva del gobierno, confirmó que el referéndum “No a una Suiza de 10 millones” se celebrará pese a la oposición de las dos ramas del Parlamente y la mirada preocupada de la otra mitad del empresariado y el sector financiero, parte sustancial del ADN helvético. Mandan las 100 mil firmas. Sin vueltas, el SVP señaló que la “inmigración descontrolada” provoca un crecimiento desmesurado de la población. Entonces, como si las soluciones fueran mágicas, papagayea el discurso del fascismo europeo y repite que la inmigración es la que provoca el encarecimiento de los alquileres y la sobrecarga de las infraestructuras y los servicios públicos. A diferencia de España o Italia no le echan la culpa al turismo.
Todo el mundo sabe, entonces, que lo que busca la ultraderecha es mostrar su odio a los que llegan con hambre, pero adornando el discurso con una serie de datos de la realidad bien concretos e impactantes. En la última década la población creció casi cinco veces más rápido que la media de los países europeos. Aun así, esa mano de obra sigue siendo esencial para mover el engranaje industrial. Según datos oficiales, alrededor del 28% de los residentes suizos no son ciudadanos. Mientras, la tasa de natalidad sufre una caída continua. En 2024 se ubicó en torno a un mínimo histórico de 9 nacimientos por cada 1000 personas. El índice de fecundidad es bajo, del 1,29 por mujer.
Signo de un análisis rastrero, sin una sola conclusión sociológica que lo sustente, como si de los gobiernos de Estados Unidos, Argentina o el Reino Unido emanara, la convocatoria del SVP sostiene que “la población permanente de Suiza no debe superar los 10 millones de personas antes de 2050” (actualmente es de 9,1 millones). A partir de entonces, el Consejo Federal deberá ajustar este límite anualmente. Pero ya cuando la población alcance los 9,5 millones, el gobierno tendrá que restringir al extremo la concesión de asilo y los trámites de reunificación familiar. Entre el total de habitantes actuales, hay 2,5 millones de extranjeros: casi 28% de la población. Sin ningún rigor científico ciertas previsiones apuntan a que la población crecerá a 10,5 millones en 2055.
Según el SVP, para alcanzar esos valores se debería limitar la inmigración, lo que llevaría a Suiza a retirarse del acuerdo de libre circulación entre 29 países europeos (Espacio Schengen), por el que elimina todo control en las fronteras interiores, permitiendo viajar y operar comercialmente sin restricciones a cambio de libre acceso a ese mercado. De ahí, y sólo por conveniencia, las mayores multinacionales (Roche, Nestlé, UBS) estiman que la iniciativa del SVP perjudicará la buena marcha de la economía helvética. Entre la lucidez y chantaje, la empresaria EconomieSuisse recuerda que la industria depende de la mano de obra extranjera (inmigrante) y que un voto por el Sí obligaría a muchos de sus socios a mudarse y plantar bandera en otros países.
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