Columna de opinión

Hasta ahora, el sindicalismo –con virtudes y errores- se ha convertido en una piedra en el zapato para los sectores de poder. Los delegados resisten en las empresas; los gremios reclaman en la calle; hasta asumen la conducción de una fábrica cuando los dueños huyen; rechazan intervenciones; se pelea salarios, puestos de trabajo y, si se puede, algún que otro beneficio… La gran mayoría de los integrantes del Gobierno son empresarios, y no entienden cómo y por qué la Argentina no se “adaptó” a los cambios laborales (léase eliminación de derechos) en los que está sumergido América Latina. Ese es el próximo objetivo: Terminar con el sindicalismo argentino. Después será más fácil domar al trabajador porque va a carecer de la fuerza del conjunto.
Con una sorpresiva brutalidad, el periodista Daniel Muchnik reaccionó con la demanda laboral de Palazzo y escupió: “Hay que acabar con esto. En estados Unidos se acabó con (el dirigente camionero Jimmy) Hoffa matándolo, yo no estoy proponiendo matarlo a Palazzo, pero de alguna manera hay que poner límites legales al matonaje”. Otro operador mediático disfrazado de comunicador muestra el recibo de sueldo de un sindicalista sin aclarar que su profesión de piloto coincide con esa remuneración. Es el mismo que estigmatizó a los dirigentes docentes en un conflicto del que la propia gobernadora María Eugenía Vidal hoy dice arrepentirse.
Para el titular de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, las 200 suspensiones que ordenó en la planta de Córdoba “son cosas que pasan, no es tan grave”. Mientras tanto, el seguirá manteniendo sus ingresos, pero el personal solo cobrará un 75% del salario. Suelto de cuerpo agrega que le interesa el mercado de Brasil “no la Argentina” y se muestra como uno de los principales defensores del modelo Cambiemos, que propone menos industria nacional, desempleo y recesión.
El llamado “rey de la soja”, Gustavo Grobocopatel celebró el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y propuso una particular hoja de ruta para llevarlo a la práctica: “Hay que permitir que haya sectores que desaparezcan”. La lista sería interminable. La Unión Industrial Argentina (UIA) -con el siempre presente Daniel Funes de Rioja- y la usina de IDEA insisten en la necesidad de una reforma laboral cuando tendrían que exigir un cambio de modelo que potencie la producción.
El Gobierno, empresarios y periodistas afines insisten en presentar a Vaca Muerta como un ejemplo a seguir por el acuerdo entre el Estado, los sindicatos y los empresarios. La flexibilización laboral no es gratuita: en lo que va del año se llevó la vida de ocho trabajadores. Los dirigentes gremiales (uno de ellos muy vinculado al oficialismo) se están arrepintiendo.
Las cartas están en juego. Una segunda gestión de Cambiemos vendrá con una reforma integral que apuntará los convenios colectivos, las jubilaciones y un proyecto que, hasta ahora, se mantiene en silencio: Un sistema de salud “integral” que modificará el servicio de las obras sociales, reduciéndolas y combinándolas con los hospitales y clínicas, perjudicando la atención de miles de trabajadores y sus familias y beneficiando a las pre pagas.
Mari tiene en la mira al sindicalismo, quizás una de las últimas resistencias con cierto poder para enfrentarlo y desafiar su hegemonía.
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