«Tolo», el neandertal fisgón

Se podría afirmar que 38 de los 72 integrantes del Senado atraviesan una etapa medievalista. Esa estimación no se basa tanto en los votos a favor del aborto clandestino como en la calaña de sus argumentos al respecto. Porque el debate del jueves pasado propició una rareza parlamentaria: dejar expuesto el secreto más preciado de ciertos legisladores; o sea, su pensamiento profundo. Un acto de sinceridad –sin duda, involuntario– del cual a veces no se regresa.

Así, por caso, se destacó Esteban Bullrich («El embrión es un argentino a quien tenemos que integrar a la comunidad»). O el macrista de Entre Ríos, Alfredo De Angeli («A la embarazada hay que comprarle una plantita para que vea cómo va creciendo su hijo»). O el justicialista de Formosa, José Mayans («Somos devotos de María; ella sabía cuando aceptó la concepción que podía morir apedreada»). Claro que la religiosidad flotaba en el ambiente. Hasta se decía por ahí que a la cristinista rionegrina, Silvina García Larraburu –famosa por su voltereta antiderechos–, se le «había aparecido la Virgen».

Pero nadie fue más notable que el salteño Rodolfo «Tolo» Urtubey al soltar –ya en el campo de las Ciencias Morales– lo de que «la violación intrafamiliar no tiene la configuración clásica de la violencia sobre la mujer». 

Con semejantes razonamientos, ese sector de representantes del pueblo acaba de establecer un grave impedimento a la Salud Pública.

Y con la misma cosmovisión suelen legislar otras tantas calamidades de efecto inmediato en la vida de los ciudadanos. 

El senador Urtubey es en tal sentido un ejemplo viviente.

A los 59 años, este exjuez en lo criminal (durante once años) que llegó al Senado en 2014 por el Frente para la Victoria (FpV), terminó por abjurar a ese bloque y en la actualidad es allí la espada de su hermano menor, Juan Manuel, el gobernador de Salta. 

Es de resaltar que este último –un tipo con ensoñaciones presidenciales– tiene una visión del mundo «hermanada» con la de Rodolfo. Prueba de eso –y aprovechando el tema del aborto– fue su ocurrencia de controlar la maternidad adolescente con inteligencia artificial. «Así se puede prever cinco o seis años antes, con nombre apellido y domicilio, cual es la niña que está en un 86% predestinada a tener a tener un embarazo adolescente», dijo, muy serio, en abril por televisión.

En este contexto no es un dato menor que los hermanos Urtubey sean en su provincia la contracara «positivista» del diputado de Cambiemos, Alfredo Olmedo, un abanderado de la Prehistoria.

Paralelamente, el hermano mayor suele apoyar al PRO en significativas epopeyas parlamentarias. Bien vale evocar una reciente: su gran contribución al proyecto de endurecimiento del Código Procesal Penal.

De su coautoría –compartida con el entrerriano Pedro Guastavino, otro peronista de lealtades zigzagueantes– eran todos los incisos del artículo 175, referido al espionaje electrónico.

Allí confirmó el fanatismo familiar por la tecnología, ya que impulsaba –según su letra– la «vigilancia remota de equipos informáticos» por medio de un software que «permita el acceso» al contenido de computadoras, celulares, e incluso bases de datos como parte de una pesquisa policíaca. Pero sin aclarar cómo se realizarán las intercepciones ni quién sería su autoridad de aplicación.

El asunto tenía ribetes orwellianos, dado que permitía al Estado vulnerar hasta límites inimaginables la privacidad de cualquier persona sometida (o no) a una investigación judicial. Y en coincidencia con el entusiasmo regional por la lawfare, así como se le llama a la judicialización de la política. Una moda que se cifra en el ejercicio indiscriminado del fisgoneo ilegal. Pero asimismo, una iniciativa peligrosa por la autonomía y el descontrol de los organismos de inteligencia ante sus propios mandantes políticos de turno.

Lo cierto es que dicho proyecto nació al calor de sus fantasías por ser el reemplazante de Alejandra Gils Carbó en la Procuración. Y hay que reconocer su colosal empeño por transformar tal reforma en ley.

De modo que su tratamiento estuvo manchado por intrigas palaciegas no precisamente inspiradas de Shakespeare. Al comenzar abril fue aprobada a hurtadillas por la Comisión de Justicia –presidida por el senador Guastavino– para así eludir la participación en el debate de referentes sociales y expertos. Aquella fue maniobra digitada entre bastidores por Urtubey.

Finalmente, ya al filo de mayo fue aprobada la actualización del Código Procesal Penal, aunque –a raíz de las críticas– sin el insidioso artículo 175. El emprendimiento punitivo de Urtubey y Guastavino había quedado en la nada.

Ese hueco legal fue luego suplido –y por fuera del Parlamento– con el lanzamiento de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), una creación del procurador interino, Eduardo Casal. Y también por el decreto presidencial que impone la militarización de la seguridad interna.

Mientras tanto, el bueno de Urtubey se lanzó de lleno a una nueva gesta: combatir desde su banca la ley de interrupción voluntaria del embarazo. 

Pero el jueves pasado no pudo celebrar la victoria. Su maldita frase le había arruinado la fiesta. «