Toma de tierras: el déficit en Provincia se calcula en 900 mil viviendas

La toma de tierras se metió de lleno esta semana en la agenda de Axel Kicillof. El gobernador armó una mesa de trabajo con los intendentes del Conurbano para desactivar eventuales nuevas ocupaciones, aunque el número está muy por debajo al del año pasado. La preocupación central es que estén «direccionadas» y agitadas por sectores que aprovechan la necesidad de quienes menos tienen.

La mesa que armó Kicillof delineó un primer plan de acción: estableció un sistema de «alerta temprana» entre los municipios y los ministerios de Gobierno, Seguridad y Justicia y Derechos Humanos para desactivar futuras tomas. Y acordó con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad reforzar la asistencia a las poblaciones que atraviesan esta situación.

El número de tomas relevado por el gobierno, pese a que creció en la cuarentena, es menor al de 2019. La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, precisó que «el año pasado, el promedio de tomas por mes fue de 140, entre tomas grandes y chiquitas, y este año son 40 por mes». Aclaró, no obstante, que «independientemente de que fueran 4 o 2, la responsabilidad del Estado es evitarlas y ocuparse de la situación de emergencia de esta gente que vive en situaciones realmente indignas».

Las ocupaciones más grandes fueron las de Guernica, en Presidente Perón, la de Victoria en San Fernando y la de Los Hornos en La Plata. Pero también hubo tomas o situaciones tensas en La Matanza, Tres de Febrero, Merlo, Ezeiza, Lanús, José C. Paz, Mar del Plata, Moreno, Quilmes, Avellaneda, Tigre, Cañuelas, Florencio Varela, Almirante Brown, Hurlingham, Bahía Blanca, entre otros. En lo que va del año, el Ministerio de Seguridad realizó 868 procedimientos para desactivar y desalojar tomas y detuvo a 524 personas. Hay 71 tomas judicializadas a la espera de una resolución, algunas desde 2016.

En la misma línea que Nación, Kicillof condenó las tomas y sostuvo que son “un delito” pero también apuntó que hay grupos que las incentivan y que “se abusan de las necesidades” de la gente. Es una modalidad que se repite, según evaluaron con los intendentes en la reunión del jueves, en algunas tomas donde hay profesionales-como abogados y escribanos- que alientan la toma para quedarse luego con los terrenos. Este modus operandi encendió el alerta en la Gobernación, aunque aseguran no poder identificar todavía a quienes están detrás de la movida.

Siempre verborrágico, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, sí le puso nombre y acusó a los dirigentes del Movimiento Evita y a sus dirigentes Emilio Pérsico y Fernando «Chino» Navarro -ambos funcionarios nacionales- de estar detrás de las tomas, avivando una interna hacia adentro del propio oficialismo.

Déficit.

La pandemia expuso las desigualdades sociales y puso en primer plano, una vez más, el grave déficit habitacional que arrastra la Provincia desde hace años. Los últimos datos censales indican que el 37% del déficit en materia de vivienda a nivel nacional está en Buenos Aires. Y que el 71% de los hogares en condiciones precarias pertenecen a los 24 municipios del Gran Buenos Aires y el 29% restante se ubica en el interior.

Según datos del Ministerio de Infraestructura y Servicios públicos, el déficit actual es de 900 mil viviendas. La gestión de María Eugenia Vidal sólo construyó a razón de 2 mil viviendas por año. Dejó 5700 casas paralizadas por más de dos años por falta de pago en cincuenta municipios. Algunas registraban un avance de obra del 80% y acumularon un grado de deterioro importante.

Durante la reunión con los jefes comunales, Kicillof anunció que se construirán 8 mil viviendas entre 2020 y 2021. El plan está contemplado dentro del programa de reactivación “Provincia en marcha” que se anunció el martes para la post pandemia. Por un lado se terminarán las casas que Cambiemos dejó a medio hacer y además se construirán unas 2300 nuevas, todas con servicios incluidos, que se financiarán con fondos nacionales y provinciales. A esto se suma el plan que tiene a su cargo el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) para urbanizar los barrios populares de 14 municipios de la provincia, como el de Villa Azul, que sufrió uno de los primeros brotes de coronavirus.