El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas evaluó al Estado argentino

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) y funcionarios del Estado argentino dialogaron acerca de la situación en el país sobre los Derechos Humanos, en términos generales, y sobre la represión a la protesta social. Pero hicieron foco en las personas privadas de libertad y las técnicas que deben aplicarse para prevenir la tortura.   

Se realizó en el marco del 83°período de sesiones que se lleva adelante en Ginebra, Suiza, donde evalúa el cumplimiento por parte de los Estados de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Los resultados se conocerán el próximo 28 de noviembre.

Participaron: el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), organismos de Derechos Humanos y de Prevención de la Tortura, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios nacionales que están de turno.

Negacionismo  

En este marco, el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, sorprendió a todos los organismos que participaron cuanto cometió un acto de negacionismo al poner en duda la cifra de los 30 mil detenidos-desaparecidos durante las oscuras noches dictatoriales.

«Se incorporaron distintos aspectos sustanciales que surgieron del informe que nosotros presentamos, que justamente lo habíamos -cuentan desde el CNPT- hecho semanas atrás. También surgieron distintos aportes de la reunión confidencial que tuvieron los organismos en Ginebra».

«Durante el diálogo con los funcionarios de nuestro país, el CAT puso el acento en lo que consideró una ‘grave afectación a los derechos fundamentales de personas que participan en marchas’, una violencia legitimada«, apuntan.

«Y requirió precisiones -detallan desde el organismo local- acerca de cuáles son los criterios que el Estado argentino adopta para aplicar el denominado ‘protocolo antipiquetes’ durante la protesta social».

Torturas sistemáticas

El organismo internacional también aludió a: «La existencia de prácticas institucionalizadas de violencia contra las personas detenidas en cárceles de carácter metódico y sistemático«. Por eso hicieron foco en el encierro punitivo para poder analizar las estrategia de prevención.

Además, el CAT expresó su preocupación ante la información sobre el uso arbitrario de armas cada vez más letales en las movilizaciones sociales que se realizan de manera pacífica. Quedó al descubierto que es algo que se repite en forma indiscriminada en perjuicio de las y los ciudadanos.

También señaló el mantenimiento permanente de torturas y malos tratos en contextos de encierro que constituyen prácticas arraigadas en las instituciones carcelarias. Y que esta situación repetitiva y constante se traduce en un problema estructural.

Precariedad, sobrepoblación y acoso sexual  

Observó la existencia de un número muy elevado de personas privadas de libertad en establecimientos que no tienen espacio ni camas suficientes. Además, también son muchos los detenidos que permanecen en dependencias policiales -entre otras- que no están preparadas para detenciones prolongadas.

Desde el organismo internacional detectaron que «hay muchos informes que reflejan violencia y acoso sexual a las mujeres detenidas en cárceles y otras instituciones. Que permaneces allí en muy malas condiciones, maniatadas y sin exámenes médicos«, denuncian.

Y completan: «Muchas mujeres detenidas cumplen sentencias en instituciones muy lejanas a su hogares y de sus vínculos familiares comparadas -en términos mayoritarios- con los hombres detenidos«, aseguran.

Foto: Mariano Martino

Son 30 mil detenidos-desaparecidos

Las consultas y consideraciones de los expertos fueron realizadas ante los representantes del Estado argentino, a su vez, estos representados por el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños.

Cabe destacar que, durante el desarrollo del conclave, Baños sorprendió a todos los que se reunieron en Ginebra cuando puso en duda la cifra de 30 mil detenidos-desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Además, acusó a los organismos de Derechos Humanos de impulsar y realizar denuncias falsas.

En representación del CNPT, la delegación estuvo integrada por su presidente, Juan Manuel Irrazábal; Ariel Cejas Meliare, titular de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) -quien además integra el pleno del CNPT- y el secretario ejecutivo de este organismo local, Alan Iud.

Para prevenir la tortura

Otros temas abordados por los expertos del CAT son: «La necesidad de avanzar en la institucionalización del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura«.

También señalan. «Las reformas normativas de carácter regresivo derivan en sobrepoblación y, por ende, en peores condiciones de detención para las personas que habitan las cárceles«.

Apuntan a la dudosa procedencia de los informes médicos, «realizados por profesionales de la salud que trabajan en las distintas fuerzas de seguridad, que no documentan las lesiones que sufren las personas detenidas. Y ahondamos en la falta de atención médica durante la detención«, terminan.

En esta línea, es bueno recordar que todos los informes elaborados por los organismos de Derechos Humanos y prevención de la tortura que recorres los penales, indican en forma clara y precisa, que la primera causa de muerte en el encierro es por falta de atención médica.