Mientras los líderes europeos alardean de la disminución de ingresos de refugiados al continente, en teoría por la aplicación del acuerdo suscripto en marzo pasado entre la UE y Turquía, decenas de miles de personas se encuentran hoy hacinadas y sin perspectiva de asilo en Grecia, que se ha convertido en una nueva versión del históricamente desbordado refugio italiano de Lampedusa. Según datos que divulgó Amnistía Internacional, de los 66.400 solicitantes de asilo cuya reubicación se había prometido en septiembre de 2015, sólo 615 habían sido trasladados a otro Estado miembro de la UE, «sobre todo debido a la falta de voluntad política». Hay en estos momentos más de 46 mil refugiados y migrantes atrapados en territorio continental griego, un 50% más de lo que admite la estructura dispuesta.
El acuerdo que propone devolver refugiados provenientes de Turquía a ese país, mientras se tramita su asilo en Europa, logró bajar el flujo de migrantes, pero no resolvió el problema. Lo demuestran las casi 190 mil personas que arriesgaron sus vidas cruzando el Mediterráneo en barcazas, lo mismo que los más de 1300 refugiados que perecieron en el intento, según datos actualizados de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR.
Ese plan, en lugar de promover vías legales para asentar a estas personas en Europa, constituye una «actitud miope e inhumana en la gestión de esta crisis», según definió AI tras la celebración del acuerdo.
Médicos sin Fronteras (MSF) manifestó su «profunda preocupación» debido a que «al firmar el acuerdo UE-Turquía, han dado la espalda a miles personas que huyen de la guerra, la opresión y la desesperación». En una carta divulgada la semana pasada, la organización señaló que «en la práctica, este pacto externaliza a Turquía la asistencia a estas personas a cambio de, entre otras concesiones, un paquete de ayuda económica de miles de millones de euros. En la era del mayor desplazamiento de personas que ha visto la humanidad en décadas, esta es una abdicación histórica de sus responsabilidades morales y legales», apuntó.
El texto, que lleva la firma de la presidenta de MSF, Joanne Liu, advierte que el acuerdo «pone en peligro el derecho de asilo que tienen todas las personas y viola la obligación de los Estados de ayudar a cada hombre, mujer o niño que pida protección. Empujar a la gente de vuelta al último país de tránsito convierte el asilo en una moneda de cambio política para mantener a los refugiados tan lejos de las fronteras y de los votantes europeos como sea posible.»
Un informe de Amnistía sobre el caso Grecia afirma que ese país abrió en su territorio continental 31 centros de alojamiento temporal con capacidad para unos 33.000 solicitantes de asilo y migrantes. «Las condiciones en muchos de estos centros superpoblados y faltos de recursos sólo son adecuadas para pasar unos días. Por descontado, los centros no reúnen las condiciones que exige la estancia prolongada a la que se han visto abocadas las personas migrantes y solicitantes de asilo», dice el documento. Luego del acuerdo se produjo el cierre de fronteras de Grecia con la ex República Yugoslava de Macedonia, por lo que la migración se volcó a la vía marítima. De los 189 mil ingresos registrados por mar en lo que va de 2016, ACNUR computa casi 156 mil sólo a Grecia. El resto llegaron a Italia. Comparativamente, en todo el año pasado ingresaron a Grecia por mar unas 857 mil personas.
La mayoría de los refugiados provienen de los 10 países de mayor producción de refugiados, cuyo primer lugar corresponde a Siria, con el 49%, seguido por Afganistán, con el 25 por ciento.
