La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares debió reunirse en mayo de este año para actualizar los haberes de más de un millón y medio de empleadas que se desempeñan en hogares realizando tareas de limpieza, cuidado de niños y personas mayores, cocina y jardinería entre otras tareas.
Sin embargo, el organismo que debe ser convocado por las autoridades de la cartera laboral recién se reunió por primera vez el jueves de la semana última para ingresar en un cuarto intermedio hasta el lunes de esta semana.
En aquella primera reunión la representación estatal y la parte patronal habían propuesto un incremento del 22% y 24% respectivamente. El rechazo de los gremios generó un cuarto intermedio hasta la jornada del lunes en la cual la propuesta oficial se elevó hasta un 28% y cosechó el aval de la mayoría de las entidades gremiales y patronales con la excepción de la Unión de Trabajadoras Doméstica y Afines (UTDA) y el Sindicato de Empleadas en Casas de Familias de Entre Ríos.
Es que el organismo está compuesto por ocho representantes de los cuales cuatro corresponden al Estado, dos a las patronales, en particular la Liga de Amas de Casas y los restantes dos se reparten entre las doce organizaciones sindicales que participan.
Por eso el voto negativo de dos entidades gremiales no fue suficiente para generar una mejora en la propuesta oficial que, de todas formas, se hubiera podido sustanciar a partir de la mayoría automática que ostenta el Estado al contar con la mitad de la representación y poder de desempate.
El acuerdo incluye el pago de ese 28% en tres cuotas de 10% en diciembre 2020, 8% en Febrero 2021 y 10% en Abril 2021. Así las cosas, el básico de la categoría inferior de la actividad llgará hasta los $22.764 en abril de 2021.
Para uno de los gremios que lo rechazó, la UTDA, el aumento “no alcanza ni a cubrir la inflación acumulada en 2020”. La resolución, sin embargo, no estipuló taxativamente el período de vigencia aunque desde los gremios aseguran que el gobierno asumió un compromiso de respetar el período tradicional que va de junio a mayo de cada año y, por lo tanto, esperan una convocatoria para el mes de junio de 2021.
Además, tal como reclamaban las entidades gremiales se produjo una mejora del adicional por zona desfavorable pautado anteriormente en un 25%. Con todo, la mejora del 3% no satisfizo reclamo de los sindicatos que esperaban llevarlo, al menos, hasta un 30%.
De este modo, el salario del sector llegará a ubicarse algo por encima del salario mínimo y, a la vez, seguirá oscilando alrededor del valor de la canasta básica alimentaria que mide el umbral de la indigencia, bien lejos de la canasta básica total que mide la pobreza hoy cercana a los $50 mil y que es el horizonte en el que se referencia una parte de las representaciones sindicales.
Por último la resolución establece la creación de una comisión técnica para analizar la aplicación de un adicional por antigüedad. Desde la UTDA aseguran que “a pesar que una vez más las representaciones de los empleadores y de las trabajadoras estuvimos de acuerdo en fijarlo el Estado resolvió constituir una comisión”.
El sector, además, sufrió más de medio millón de bajas de trabajadoras registradas durante la pandemia y padece una ausencia de registración laboral cercana al 70% del total de los empleados un tema que también formará parte de la agenda de la comisión que se ha creado para dar seguimiento a la actividad.
