Los y las trabajadores de la Dirección General de la Mujer, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emitieron un comunicado en el cual denuncian que, paradójicamente, sufren violencia institucional. Es que, aseguran, “estamos trabajando en condiciones altamente precarias”. A la hora de enumerarlas sostienen que “no contamos con protocolos para casos de COVID – 19, cobramos debajo de la canasta familiar, sufrimos violencia institucional de forma permanente, y muchas somos monotributistas”.
La precarización del trabajo, además, desde el punto de vista de las denunciantes alcanza a las personas que debieran asistir: “nos encontramos permanentemente con la falta de recursos para asistir a las mujeres y personas feminizadas en situación de violencia”, sostienen.
Entre el grupo de trabajadoras afectadas (la mayoría son mujeres), destacan la situación cualitativamente más grave que sufren aquellas que se desempeñan con contrataciones de convenios de asistencia técnica (AT) “que es la forma de contrato laboral más precaria que tiene el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.
Es que las trabajadoras de ese segmento especial, explican, atienden la Línea 144 y se desempeñan en los centros integrales de la mujer y también en hogares y refugios. Los y las monotributistas, que también abundan en la Dirección General de la Mujer, no gozan de derechos laborales elementales como contar con obra social, licencias o indemnizaciones en caso de despido o aguinaldo.
Sin embargo, según denuncian, “la DGM ha implementado esta nueva figura de contratación doblemente tercerizada ya que el contrato se realiza por convenio a través de la UBA y en carácter de monotributistas”. Este sector, las AT, denuncian, sufre una “reducción mayor de los derechos básicos laborales”. Es que, aseguran, realizan “las mismas tareas que el resto de les compaňeres, con la misma carga horaria y responsabilidad, cobramos mucho menos, no entramos dentro de las paritarias, no tenemos ART y ni siquiera firmamos contrato con la DGM”.
La gota que rebalsó el vaso y que llevó a hacer la denuncia en forma pública se produjo porque, en el marco de la cuarentena y la intensificación de las tareas “por segunda vez, desde que comenzó el año, estamos cobrando fuera de termino. Llegamos a cobrar el día 15 del mes de abril, y en el caso de mayo estamos a 18 de dicho mes y aun no recibimos nuestro salario. A su vez, aún no hemos recibido ningún aumento salarial, nos encontramos facturando un promedio de 25 mil pesos y a ese monto le tenemos que descontar el pago del monotributo e ingresos brutos (3mil pesos aproximadamente)”.
Según pudo saber Tiempo Argentino, desde la Asociación de Trabajadores del Estado impulsarán un petitorio entre los y las trabajadoras para que se regularice la situación de las profesionales afectadas y no se descartan medidas de fuerza.
