Trabajadores rurales protestan contra la «privatización» de las semillas que quiere imponer el gobierno

“Esta ley de semillas es un atropello a los campesinos y pequeños productores y fundamentalmente es quitarle al pueblo el derecho a alimentarse”, se escuchó en la tarde de este martes frente al edificio anexo de la Cámara de Diputados, donde organizaciones rurales y sociales se movilizaron para repudiar un nuevo intento privatizador por parte del Gobierno y las grandes corporaciones.

La Comisión de Agricultura convocó para este martes a plenario de comisiones en busca de lograr dictamen y avanzar en el tratamiento de una nueva Ley de Semillas que ya se conoce como Ley Bayer-Monsanto porque desde hace meses vienen negociando –presionando– con el Poder Ejecutivo los lineamientos de la nueva normativa.

En ese sentido, el punto más polémico de la propuesta oficial tiene que ver con prohibirle al agricultor la posibilidad de reservar semillas de su cosecha pare volver a sembrarlas en el siguiente ciclo.

“Las organizaciones estamos peleando para no perder el uso propio de la semilla y el libre intercambio. Para los campesinos es crucial, no pueden estar comprando las semillas cada vez que van a sembrar; la semilla es el primer eslabón de la cadena alimentaria, por eso decimos que esta ley está atentando contra el derecho a la alimentación de los pueblos, está comprometiendo nuestra soberanía alimentaria”, explica María Fernández Benetti, de la Asociación por la Justicia Ambiental.

Para Fernández, esta ley es “la llave de oro para la privatización de las semillas, lo que es gravísimo porque son la base de nuestra alimentación”.

Según un documento difundido durante la movilización, y rubricado por más de 250 organizaciones, esta ley “avanza en la criminalización de las semillas nativas y criollas (sin modificación genética) impidiendo el libre intercambio entre productores/as familiares, campesinas y campesinos y pueblos originarios”.

Las organizaciones denuncian, además, que el proyecto que se piensa aprobar se negoció entre el Ejecutivo, los voceros de Bayer-Monsanto y los grandes productores agrupados en la Sociedad Rural Argentina. “Las reuniones de consulta fueron una puesta en escena para plantear que la nueva ley surge del consenso de todas las partes cuando, en realidad, el proyecto nunca se hizo público”,  detalla el escrito.

“Reclamamos que se escuchen todas las voces, fundamentalmente la de quienes producen los alimentos”, dice Carla Poth, investigadora del Conicet que integra la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas.

Para la especialista, el proyecto “va en dirección a consolidar el modelo de agronegocios que nos envenena porque enfermos somos más fáciles de dominar”.

En ese sentido, el ingeniero agrónomo Raúl “Lalo” Botessi, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA, aclaró que “es mentira que la única manera de producción sea con veneno” y agregó: “La semilla es un bien público, es el alimento básico de los pueblos. Esta ley va a permitir que las semillas que son nuestras, pasen a ser de las grandes corporaciones y que encimas se las paguemos”.