En la tarde de hoy se conoció la resolución mediante la cual la cartera laboral conducida por Claudio Moroni rechazó el pedido de abrir un Proceso Preventivo de Crisis para la filial local de Latam.
Con la firma de la polémica Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello que persiste en su cargo desde el gobierno anterior, la cartera laboral determinó “rechazar la apertura del procedimiento Preventivo de Crisis presentado por Latam Argentina”.
De este modo impide que la empresa que anunció su retiro del país abone el 50% de la indemnización a los trabajadores cuando, además, rige el decreto que obliga a abonar indemnización doble y el que establece la prohibición de los despidos.
El texto presentado por la empresa atribuía la supuesta crisis que atraviesa a los elevados salarios que le restaban “competitividad frente a los competidores” poniendo “en jaque la sustentabilidad del negocio”. También apuntaba contra la intransigencia de los sindicatos a la hora de flexibilizar sus condiciones de trabajo y su “conflictividad”. El PPC rechazado señalaba que la crisis se había profundizado como resultado del rechazo de un plan de suspensiones presentado por la empresa en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contratos del Trabajo.
Para los sindicatos, sin embargo, la partida de Latam Argentina es resultado de la política de cielos abiertos desplegada por el macrismo que, al permitir trasladar pasajeros argentinos a través del uso de otras filiales que la compañía tiene en la región, tornó irrisoria la existencia de una filial local de Latam.
Ante la resolución ministerial los gremios mostraron su satisfacción aunque consideraron que la decisión resultó tardía. Es que, según explicó a Tiempo el titular del gremio de pilotos APLA, Pablo Biró, mientras la cartera laboral demoraba una respuesta ante la presentación de la empresa, la compañía selló retiros voluntarios que le permitieron desprenderse de alrededor de la mitad de sus empleados abonando el 100% de la indemnización, la mitad de lo que indica la normativa vigente.
Guillermo Cruz, del gremio de los ténicos, USTARA, reconoció que los retiros “ya alcanzaron los 670 con un proyección de 900”. Cruz señaló que la decisión “cierra un capítulo que había que cerrar” pero que recién “cuando se armó lío, firmó”. Ahora, asegura, «esta por salir a favor el amparo que restituiría los trabajadores en sus puestos».
Para los sindicatos, esos centenares de retiros resultaron de una extorsión que la empresa ejerció sobre los trabajadores valiéndose de la dilación de la cartera laboral.
Fuentes de la cartera laboral señalaron que la resolución se tomó luego de que se realizara una audiencia que “sirvió para que todos los actores ratifiquen sus posturas” pero en la que, sin embargo, “no se arribó a ninguna solución consensuada”. Del mismo modo la cartera laboral resaltó la vigencia del decreto 487/2020, “que prohíbe los despidos que la empresa pretende realizar” y que, por lo tanto, “los mismos tienen efecto legal nulo y se mantienen las relaciones laborales en las condiciones actuales”.
Para eso la empresa debería abonar la parte de los salarios que no abonó durante los últimos tres meses y normalizar la situación en momentos en que los técnicos agrupados en el sindicato USTARA permanecen en los hangares de aeroparque custodiando seis aeronaves Airbus 320 que, consideran, la compañía pretende llevarse a Chile.
Por su parte la compañía emitió un comunicado en el que adelanta que «esta determinación será apelada por la Compañía entendiendo que la presentación original constituye un caso claro de fuerza mayor». En el texto asegura que la presentación se fundamenta en «la crisis más severa e inédita» que atraviesa «la industria aeronáutica en el mundo» y que luego de siete reuniones en la cartera laboral no logró sellar un acuerdo. Al mismo tiempo confirma que el 50% de los trabajadores aceptaron un retiro voluntario y ratifica su voluntad de retirarse del país.
El miércoles trabajadores de Latam de diversos gremios preparan una caravana que recorrerá distintos puntos del aeroparque y podría también dirigirse a la embajada chilena y el ministerio de trabajo.
