Después de dos semanas de movilización en el acceso a Misión Nueva Pompeya y tras la muerte de Sara Maldonado, las comunidades indígenas firmaron un acta con compromisos en materia de alimentación, salud, agua, producción y acceso a derechos.
La protesta, instalada desde principios de junio sobre la Ruta Provincial 3, en el acceso a Misión Nueva Pompeya, fue levantada el viernes por la noche luego de que representantes del Ejecutivo provincial y delegados de las comunidades rubricaran un acuerdo que incluye la creación de nuevos merenderos, operativos de salud, mejoras en el acceso al agua, programas productivos y la intervención de distintos organismos del Estado.
Sin embargo, lejos de dar por concluido el conflicto, las organizaciones aclararon que el levantamiento del acampe no implica el fin de la protesta. «Seguimos en estado de alerta para controlar que cada uno de los compromisos asumidos se cumpla», señalaron en un comunicado difundido tras la firma del acta.
La negociación llegó pocos días después de la muerte de Sara Maldonado, una mujer wichí de 64 años que falleció mientras era trasladada desde Misión Nueva Pompeya hacia el hospital de Juan José Castelli. Su muerte, ocurrida en medio de las denuncias por falta de atención médica, desnutrición y casos de tuberculosis, profundizó la presión sobre el gobierno provincial y dio mayor visibilidad a un reclamo que las comunidades vienen sosteniendo desde hace años.
El acta firmada en Misión Nueva Pompeya lleva las firmas del ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez; del subsecretario de Gobierno, Sebastián Lazzarini; autoridades municipales y representantes de las comunidades indígenas.
Entre los principales compromisos asumidos por el Ejecutivo figura la implementación de nuevos merenderos en Misión Nueva Pompeya, El Sauzal, El Sauzalito, Wichí, Comandancia Frías, Fortín Belgrano, Las Hacheras, Juan José Castelli, Pampa del Indio y distintos parajes de El Impenetrable. El acuerdo prevé que funcionen tres veces por semana, con participación de las iglesias y de las propias comunidades en el control de la distribución de alimentos.
También se estableció el inicio del relevamiento para incorporar nuevos beneficiarios al programa alimentario Nachec, con el compromiso de comenzar las entregas una vez finalizados los censos correspondientes.
En materia de infraestructura, el gobierno se comprometió a iniciar durante julio las conexiones domiciliarias de agua en los sectores donde exista red disponible, además de coordinar mejoras en el suministro eléctrico junto a la empresa Secheep.
Otro de los puntos centrales contempla la realización de operativos sanitarios con especialistas en Misión Nueva Pompeya y su extensión a los distintos parajes del Impenetrable. El acta establece que las personas con tuberculosis y diabetes deberán recibir no sólo medicación sino también acompañamiento alimentario y seguimiento específico de sus tratamientos.
El acuerdo incorpora además reuniones con organismos provinciales para abordar los reclamos vinculados a tierras, educación y salud, programas de apoyo a pequeños productores rurales y artesanos, operativos del Registro Civil, RENAPER y ANSES, así como gestiones para ampliar la atención del Banco del Chaco en la región.
Las comunidades consideran que el documento constituye un primer paso, pero insisten en que el verdadero desafío será que los compromisos se traduzcan en políticas concretas y sostenidas. En paralelo, continúa la estrategia judicial impulsada por las organizaciones y organismos de derechos humanos para que la emergencia sea abordada de manera estructural y no únicamente mediante respuestas coyunturales.
Desde la organización del acampe destacaron que el acuerdo fue debatido en asamblea antes de ser aceptado y que la decisión de levantar la protesta fue colectiva. «Es un gran triunfo, con las sufridas mujeres al frente», expresaron en el comunicado difundido tras la firma del acta, en el que agradecieron el acompañamiento de organizaciones sociales, iglesias y vecinos durante las dos semanas de permanencia sobre la ruta.
Pero también dejaron una advertencia: el levantamiento del acampe no implica el fin del reclamo. «Volvemos a nuestras comunidades, pero seguimos en estado de alerta para exigir que el gobierno cumpla con cada uno de los puntos firmados», señalaron.
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