Tras congelar Potenciar Trabajo, el gobierno dispuso que el 30% de la obra pública se destine a cooperativas

El Gobierno Nacional dispuso la creación de un Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario con el objetivo de formalizar las condiciones de los beneficiarios de planes y al mismo tiempo prohibió nuevos ingresos al Potenciar Trabajo. La medida había sido adelantada por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, hace dos semanas y generó diferencias al interior de los movimientos sociales.

El Decreto 728/2022 fue publicado este viernes en el Boletín Oficial, y lleva la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los ministros de Economía, Sergio Massa; de Trabajo, Raquel Kismer de Olmos; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y de Tolosa Paz. La intención es «impulsar políticas que generen empleo genuino», dicta el DNU.

Además, el Gobierno convocó a las organizaciones inscriptas en el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica, a designar los y las representantes que integrarán el referido Consejo y los encomienda a promover una «agenda para la institucionalización y el desarrollo» del sector.

La medida también promueve en favor de las cooperativas el otorgamiento del 30 por ciento de la Obra Pública Nacional bajo la modalidad de contratación que corresponda, en la realización de obras de hasta $300 millones, monto que será actualizado conforme lo disponga la autoridad de aplicación.

Por último, y en lo que quizás sea la medida que generó más polémica, el Gobierno dispuso que «a partir de la entrada en vigencia del presente decreto no podrá ampliarse el número de titulares de los siguientes programas: Programa Nacional de Inclusión Socio Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial». Y promete que «el ahorro que eventualmente se produzca (por cortar las altas a esos planes) será destinado a las unidades de gestión productiva, exclusivamente para la adquisición de bienes de capital.

El visto bueno por parte de las organizaciones

Ansol consultó a diferentes referentes de la economía popular y el cooperativismo sobre la medida del Gobierno y las expectativas que genera. Patricia «Colo» Cubría, diputada de la provincia de Buenos Aires y referente del Movimiento Evita, celebró la iniciativa: «Es una institucionalización que veníamos planteando e implica el desafío de apostar por el trabajo y no en la teoría del derrame o el subsidio«.

Para Cubría, «esto acompaña a que haya un proceso de consolidación y desarrollo a la economía popular a través del trabajo, sobre todo con el 30 por ciento de la incorporación de la obra pública para cooperativas». Y concluyó sobre la postura del Movimiento Evita: «nos parece histórico, muy positivo y fuimos parte del acuerdo«.

Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), también se mostró esperanzado ante la consulta de este medio: «La incorporación del 30 por ciento de la obra pública para las cooperativas es una gran noticia, era un reclamo histórico. Nuestro sector está en condiciones de construir y revestir la obra pública.

Sin embargo, el titular de FACTA planteó que le «preocupa el cierre de los ingresos al Potenciar Trabajo en tanto que la situación económica es muy difícil y el programa ayuda en cuestiones básicas de supervivencia. No hay que someterse a la idea de que la culpa de la situación de Argentina es por los planes. Hay que trabajar para que el Gobierno no quede enganchado en esa posición«.

Por último, el economista y gerente de la Confederación de Cooperativas de la República Argentina (Cooperar), César Basañes, opinó que «lo más importante es la puesta en acción del Consejo donde va a ser clave la discusión de qué entendemos sobre trabajo registrado, si es el de relación de dependencia o si van a reconocer que también lo es el de las cooperativas».

Para el referente de Cooperar, «el decreto promueve una contratación con un cupo para las cooperativas, entonces está reconociendo que es trabajo registrado. Lo que hay que ver es quiénes se sientan en la mesa del Consejo y cómo se dirimen las disputas».

Potenciar Trabajo: entre el congelamiento de altas y la ampliación de los fondos en 2023

Hace dos semanas, Ansol adelantó a través de un informe que de aprobarse el presupuesto 2023 va a haber una fuerte suba de fondos para el Potenciar Trabajo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y que financia el salario de los que forman parte de proyectos socio-productivos y comunitarios. Mientras que para este año cuenta con un presupuesto vigente de $322.609 millones (de los cuales el 98% ya se ejecutó), para el año que viene el Estado destinará a este proyecto un total de $590.981 millones.

Esto significa que tendrá un aumento del 83 por ciento, un 23 por ciento más que la inflación proyectada del 60 por ciento. Como el dinero que cada beneficiario cobra está atado al valor del Salario Mínimo Vital y Móvil, se especulaba con que la suba en términos reales del presupuesto se traducirían en una mayor cantidad de beneficiarios, algo que quedó descartado ahora. La pregunta que queda, entonces, es cómo se repartirá el aumento dentro del programa.