Tras el caso Rafecas, otros jueces siguen en la mira del oficialismo

El Consejo de la Magistratura sancionará el próximo martes al juez federal Daniel Rafecas con una multa del 50% del sueldo de un mes. ¿La razón? Al Consejo, dominado hoy por Cambiemos, no le gustó que el juez desestimara la denuncia del difunto fiscal Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Kirchner por supuesto «encubrimiento» de los iraníes acusados de volar la AMIA. 

Ese es el motivo verdadero; en los papeles figurará que Rafecas recibió a la DAIA –que no era parte en la causa impulsada por Nisman– previo a desestimar la denuncia, como un gesto de supuesta cortesía para que no se enteraran por los diarios. Que mantuvo una «áspera» conversación privada con el diputado Waldo Wolf. Y que formuló declaraciones radiales en las que consideró que no debía ser sancionado por su conducta.

La intención original del oficialismo en el Consejo era voltear a Rafecas. Al igual que a fines del año pasado lo había hecho con el camarista federal Eduardo Freiler. El presidente Mauricio Macri personalmente gestionó el número de votos y la maniobra para suspenderlo y  mandarlo a jury. Pero Rafecas no es Freiler. Si existiera coherencia, por las mismas razones por las que fue destituido Freiler hay por lo menos media docena de jueces que deberían seguir (o haber seguido) su camino. Pero, oportunista, el oficialismo en el Consejo protegió a varios de ellos, y ahora elige a quienes acecha. En los últimos días, por ejemplo, estuvo de nuevo en jaque Rodolfo Canicoba Corral, a quien le desempolvaron una vieja relación con un empresario, Guillermo Scarcella. 

Fogoneada por el ala UCR de los consejeros, que no le perdonan haber investigado los supuestos sobornos en el Senado para aprobar la reforma laboral durante el gobierno de Fernando De la Rúa, la suspensión y envío a jury de Rafecas estuvo a nada de concretarse. Faltaron los votos de dos jueces, Luis María Cabral y Leónidas Moldes, quienes entendieron que el daño que se produciría expulsando a un juez por el contenido de una sentencia podía poner fin a lo poco que queda en pie de la «independencia judicial» de la que habla la Constitución.

El senador radical Ángel Rozas propuso suspender a Rafecas pero terminó aceptando (porque no tenía los votos) una sanción pecuniaria, que no es menos grave, aunque lo parezca. Rafecas será sancionado por una sentencia. Si bien el dictamen dice que «en principio los jueces no responden políticamente por el contenido de sus sentencias ajustadas a derecho». El propio texto reconoce tácitamente que no se le reprocha «mal desempeño» por el contenido del fallo: «Existieron los remedios procesales para evitar el daño consecuente. En particular, la sentencia dictada por la Cámara de Casación, que dispuso la revocación de la arbitraria decisión de Rafecas, evitó los gravísimos efectos que esta hubiera sin duda provocado de haber quedado firme». Dicho de otro modo: Rafecas dictó una sentencia supuestamente arbitraria, avalada por sus superiores, que tras una voltereta judicial fue revocada por la Cámara de Casación y la causa está aún en trámite. Para el Consejo de la Magistratura, el fallo que desestimó (y no el que ahora tiene procesada a la expresidenta y a su excanciller Héctor Timerman) era «gravísimo». El Consejo no juzga causas judiciales; juzgan los jueces. ¿La independencia? Bien, gracias.

Rafecas también será sancionado por su supuesta impresión personal sobre Nisman. Pese a que él mismo negó haber opinado peyorativamente sobre el extinto fiscal, el dictamen asegura que «realizó ciertas referencias negativas» en una conversación con directivos de la DAIA. 

Las opiniones de los jueces, si no coinciden con el gusto del oficialismo, también son pasibles de sanción. De hecho, el Consejo avanza con un proceso de juicio político contra el juez de tribunal oral Juan María Ramos Padilla porque polemiza, a título personal y sobre temas de actualidad, a través de la red social Twitter. Hay un factor directo que pone en jaque a los jueces: el rencor presidencial. Por eso corren riesgo, hoy, el camarista federal Jorge «Pati» Ballestero, quien intervino en la causa de las escuchas por las que estuvo procesado Macri, y el juez de instrucción Manuel de Campos, quien estuvo a un tris de desnudar las relaciones de la barra brava de Boca Juniors con algunos influyentes integrantes de la comisión directiva del club.    

«No puede omitirse que (Rafecas) ha cometido, de manera alternativa y en diversas oportunidades, las faltas disciplinarias en cuanto al trato incorrecto a abogados, peritos, auxiliares de la justicia o litigantes; la comisión de actos ofensivos al decoro de la función judicial, el respeto a las instituciones democráticas y los derechos humanos o que comprometen la dignidad en el cargo y la falta o negligencia en el cumplimiento de sus deberes». 

Son tantos los jueces que podrían encuadrar en una descripción similar, que si se aplicara el mismo criterio a otros en todo el país la sumatoria de multas del 50% del sueldo podría destinarse a un fideicomiso capaz de acabar con el hambre en la Argentina. «