Tras el discurso, ordenan un nuevo desalojo mapuche

La resolución recuerda que ya existe una denuncia penal presentada a mediados de noviembre pasado, que derivó en el desalojo del predio, ordenado por el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva el 23 de noviembre. El predio fue recuperado por la comunidad mapuche un día después, pero el 25 por la tarde intervino una brigada del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, bajo el mando del Comando Unificado del Ministerio de Seguridad para la realización de la cumbre ministerial de los países miembros del G-20 en el Hotel Llao Llao, a pocos kilómetros de la toma. Durante el presunto «rastrillaje de la zona» el joven Rafael Nahuel, de 21 años, fue asesinado por la espalda por una bala del mismo calibre que las utilizadas por los efectivos que realizaron el operativo. Las 23 armas secuestradas por Villanueva (pocas horas después de los hechos) comenzaron a ser peritadas el 29 de enero, y a pesar de las expectativas de los querellantes sobre un pronto resultado, aún se desconocen.  

Curiosamente, la resolución firmada por Breard no menciona que en ese predio fue asesinado Nahuel, ni que intervinieron fuerzas de la Prefectura luego del desalojo ordenado por Villanueva. En su lugar, el texto sostiene que la causa penal abierta no impide que «de forma paralela e independiente se inicie la correspondiente acción civil», y que «en consecuencia corresponde requerir a la Justicia la inmediata expulsión de los ocupantes». 

Según la familia del joven asesinado, ya fue probado que la intervención de Prefectura fue en el marco del comando unificado que reporta a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuyos funcionarios habrían enviado a un comando de élite conformado en su mayoría por oficiales muy jóvenes y mediante una resolución del Ejecutivo, sin orden judicial alguna. La irrupción fue dos días después del desalojo originado por una denuncia de la APN. Tras la crisis, la toma continúa con un una mesa de diálogo multisectorial convocada por la Iglesia con el aval del juez Villanueva. En ese marco, que involucra a la Provincia de Río Negro, al municipio de Bariloche y al Estado Nacional, la comunidad pidió que Parques Nacionales habilitara una mesa de co-manejo, como las que funcionan con otros grupos mapuches que habitan el Parque Nacional Nahuel Huapi. El organismo se negó a retirar la denuncia por usurpación y dijo que sólo lo haría cuando la comunidad se fuera del lugar. Dos meses después de la última negativa conocida, la APN decidió redoblar la apuesta. El viernes por la noche, pocas horas después de la firma de la resolución, la comunidad alertó que «varios drones» estaban sobrevolándolos, y que «se puede ver movimiento de personal de Parques Nacionales», posiblemente bajo órdenes de Breard. 

«El espacio público, sin duda, es el espacio más democrático que tenemos. Por primera vez en muchos años, estamos ampliando la superficie de los Parques Nacionales, y estamos mejorando la infraestructura de lo que ya teníamos», dijo el presidente este jueves, que también omitió que en esos Parques habitan decenas de comunidades indígenas, atravesadas por el mismo conflicto. «