Tras el fallo que ordenó entregar medicación a pacientes graves, el Gobierno disolvió el área y anunció un nuevo reglamento de provisión

El mismo día que se conoció el fallo que obliga al Gobierno a entregar medicamentos a pacientes con cáncer y otras enfermedades graves por parte de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), el Ministerio de Salud de la Nación anunció la disolución de esa dirección. Una semana después, este miércoles dio a conocer el “nuevo reglamento para la provisión de medicamentos de alto costo y tratamientos especiales”. La Dadse como tal, a la que apuntó el fallo judicial, dejó de existir. La reemplazó la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC).

“Las funciones de la DADSE pasaron a la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria. Todos los expedientes continúan con los mismos carriles. Lo que hay es una reducción de cargos jerárquicos. Con pase de funciones a otras áreas”, argumentaron desde la cartera que conduce Mario Lugones. Ante la consulta sobre cómo incidirá este cambio en el cumplimiento del fallo judicial sobre la ahora inexistente Dadse, la respuesta fue que “aplica sobre la entrega de los medicamentos”.

Lo mismo respondieron a las organizaciones sociales que acompañan a pacientes y familiares: que la disolución del área y su reemplazo por otra dirección no afectará el cumplimiento de la entrega de medicamentos de los expedientes en curso. “Es lo que ellos plantean. Pero si pensamos que la resolución 1138 salió el mismo día que se ganó la cautelar, la verdad que es muy sospechoso”, señalaron desde la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA), una de las que impulsó el amparo colectivo que dio lugar a un revés para el Gobierno en las últimas horas de 2024. “Para ellos nunca se incumplió con el derecho de la gente a la salud. Sin embargo hubo muchos que la pasaron mal esperando, o directamente fallecieron en esa espera”, añadieron.

Nuevo mecanismo

Este miércoles se publicó la resolución 42/2025 en el Boletín Oficial, según la cual el Ministerio de Salud de la Nación estableció un “nuevo procedimiento para el circuito de aprobación, compra y dispensa de medicamentos de alto costo para aquellos solicitantes que presenten problemas de salud como una enfermedad terminal o patología crónica grave, y que no cuenten con cobertura de obra social, medicina prepaga, Incluir Salud, PAMI o cualquier otro tipo de programa de salud”.

La normativa señala que los procesos se realizarán a través de la DINADIC y enfatiza que será “complementaria a las jurisdicciones, por lo que es necesario que la asistencia haya sido rechazada expresamente por la provincia”.

El nuevo circuito de compras contará con “diferentes alternativas según la necesidad de cada caso”. Esto implica apuntar a una “compra regular por normativa nacional para aquellos solicitantes sin riesgo de vida”, una Contratación Directa por razones de emergencia (normativa nacional) para casos de “riesgo inminente de vida” y “compra de extrema excepcionalidad y urgencia. En los casos que el riesgo de vida fuera inminente, es decir la medicación deba ser provista en menos de 10 días hábiles”. Según la medida cautelar dictada por el juez Marcelo Dos Santos, ninguno de los expedientes que tramitaba en la Dadse debería demorar más de 60 días.

Así, con el argumento de “reordenar y eficientizar” el sistema de salud, “la cartera sanitaria nacional consideró necesario derogar la normativa vigente y reemplazar a la ex Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), a fin de aportar claridad y transparencia en los procesos; adecuar los circuitos para la tramitación de medicamentos; y mitigar tiempos en el acceso a los mismos”.

Hasta abril de este año se conocían al menos siete casos de pacientes que perdieron la vida mientras esperaban entregas de medicación por parte de la Dadse. Esas demoras e interrupciones fueron las que llevaron a la formulación de la denuncia colectiva, ese mismo mes. De acuerdo a las organizaciones sociales, luego hubo algunos procesos que se resolvieron, pero otros continuaron con obstáculos e implicaron interrupciones en los tratamientos. Días atrás, el titular de Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), Jorge Yabcowski, afirmó en declaraciones a la prensa que esas muertes por falta de entregas de medicación y subsidios llegaron a sesenta.