El gobierno de Brasil anunció un plan de retiros voluntarios en el Estado, que podría incluir la reducción de la jornada laboral y de los salarios para los empleados del gobierno central, cuya planta está estimada en 500.000 personas. La semana pasada un juez federal dejó en suspenso la suba de 16% en los combustibles.
El anuncio fue hecho por el ministro de Planificación, Dyogo Oliveira, quien indicó que el plan también puede incluir la reducción de la jornada laboral y de los salarios para los empleados del gobierno central, cuya planta está estimada en 500.000 personas.
El objetivo es reducir el gasto en salarios en una suma equivalente a unos 320 millones de dólares, equivalente a 0,35% del gasto total anual previsto para el rubro.
«El último programa de retiros voluntarios (llamados PDV en Brasil) fue hecho en 1999 y es difícil calcular la adhesión», dijo Oliveira citado por el diario económico Valor y en referencia a una medida similar aplicada en el gobierno del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso.
El ministro aclaró que habrá sectores estratégicos en los que no será aplicado el plan de retiro voluntario, que prevé inicialmente el incentivo de pagar 1,25 salario por año para cada trabajador que acceda a la propuesta.
Además, habrá una reducción del costo mediante un plan -extendido hasta 2022- de reducción de la jornada laboral de los empleados públicos con disminución de salario.
El asunto es complejo por cuestiones sindicales y de la justicia laboral, sobre todo porque es anunciado dos semanas después de la sanción de la reforma de las leyes del trabajo, que flexibilizó las normas de contratación y permitió la tercerización y el llamado trabajo intermitente en blanco (cuando el empleador convoca al trabajador para una función específica).
Para diversas áreas que aún no fueron definidas, la jornada laboral actual, de ocho horas diarias, será recortada a cuatro o seis horas.
«El que opte por una reducción de jornada tendrá un pago adicional de incentivo de media hora diaria conforme una nueva reglamentación», informó el Ministerio de Planificación en un comunicado.
Según datos del gobierno, en 2014 el pago de sueldos del sector público equivalió a 3,8% del Producto Interno Bruto (PIB) y aumentó a 4,1% en 2016.
El ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, dijo que la idea inicial es que se adhieran anualmente unos 5.000 empleados al plan de retiro voluntario.
Por otra parte, el juez federal Renato Borelli dejó en suspenso el aumento de los precios de los combustibles por entender que la medida debió adoptarse mediante una ley y no a través de un decreto del Poder Ejecutivo. El fallo podrá ser apelado.
La semana pasada Meirelles había anunciado el aumento de los tributos de los combustibles, lo cual encareció automáticamente el precios de venta al público, y anunció un recorte equivalente a unos 2.700 millones de dólares en gastos corrientes del presupuesto 2017.
La medida provocó severas críticas de la influyente Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp), que el año pasado apoyó el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff al considerar que su gobierno buscaba aumentar los impuestos a las transacciones financieras.
El objetivo del gobierno del presidente Michel Temer es cumplir la meta de un déficit primario de unos 44.000 millones de dólares para este año, de la cual ya se consumió más de 60%, en parte porque aún el país no está creciendo al ritmo que el equipo económico había previsto el año pasado.
En diciembre, el gobierno logró que el Congreso aprobara una medida inédita en el mundo: la fijación constitucional de un techo del gasto público (incluido salud y educación) por 20 años apenas actualizado por la inflación del año anterior.
El gobierno, que enfrenta una crisis por corrupción que puede alejar a Temer del poder la próxima semana, ya no cuenta, como antes de este escándalo, con la certeza de que podrá reformar el sistema jubilatorio.
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