Una frase inconveniente, tomada de una canción, vino a reflotar esta semana problemas de larga data, vinculados directamente a la vulneración de derechos de las comunidades originarias. “Llegamos en los barcos”, dijo Alberto Fernández, citando a Litto Nebbia, para describir la composición social de la Argentina. La oposición no tardó en subirse a la ola de críticas, aún pese a las rápidas disculpas públicas. Pero, dedos acusadores al margen, lo cierto es que la fallida expresión del presidente expuso la necesidad de una formación específica en la materia para los funcionarios públicos.
El planteo no es nuevo y ya existe un proyecto en ese sentido. Su autora es Alcira Figueroa, diputada salteña del Frente de Todos. Sin fecha de tratamiento prevista, apunta precisamente a una capacitación obligatoria sobre derecho indígena para quienes ejercen funciones en los tres poderes del Estado.
“Era una idea que ya la teníamos hace tiempo, porque veníamos sufriendo, al menos en Salta, muchos atropellos, falta de entendimientos, políticas erradas con respecto a los pueblos originarios”, dice Figueroa a Tiempo. Descendiente de aymaras, realizó durante años trabajo de campo con comunidades desde su tarea en el INTA. “Eso me cambió la cabeza. Me permitió ver, por ejemplo, que se les ofrecen políticas alimentarias que no tienen que ver con sus culturas. Lo educativo muchas veces es ajeno a sus culturas y hasta discrimina”, plantea, y agrega que en Salta “si bien hay maestros bilingües, en los últimos años del macrismo se cerraron institutos de formación”.
“Hasta las mismas obras de infraestructura, como un pozo de agua o una obra de riego, a veces se planifican sin tener en cuenta los saberes locales. Y las comunidades saben dónde está el agua, qué obras convienen. Muchas veces es por la falta de conocimiento, y de sensibilidad, de quienes aplican esas políticas”, advierte la legisladora.
Daniel Mato, doctor en Ciencias Sociales e investigador del Conicet, dice sentirse “preocupado” por las palabras del presidente. “Pero el problema no son las palabras –y no por disminuirlas- sino que reflejan cierta hegemonía de sentido en la mayor parte de la población argentina, especialmente de la población no indígena ni afro”, señala. Remarca algo sobre lo que viene batallando desde la cátedra Unesco Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina de la Universidad Nacional de Tres de Febrero: la necesidad de actualizar la Ley de Educación Superior, donde se forman docentes y trabajadores de la salud –entre otros-, que inciden justamente en la construcción de una hegemonía de sentido.
“Si tuviéramos instituciones de educación superior donde hubiera presencia de personas indígenas, que no fuera solo ‘me contaron que existen’, sino que estén sentados a mi lado, o que el docente sea indígena o afroamericano, sería distinto”, indica Mato. Y agrega que otro punto “que se podría considerar remedial, ya que la educación superior falló por tanto tiempo, es una ley como la ley Micaela: que no se pueda ser funcionario público sin hacer el curso”.
El planteo va en línea con el proyecto de Figueroa, aunque éste no contempla a la población afrodescendiente. Si llegara a tratarse en el recinto, acota ella, podría revertirse esa falta modificando o ampliando el articulado.
Tanto la Constitución como la Ley de Educación Nacional establecen garantías para comunidades indígenas y afrodescendientes que deberían estar contempladas en la Ley de Educación Superior, por eso el pedido de actualizarla para que la formación bilingüe sea un hecho. “La no actualización de la ley supone una violación de los derechos humanos”, sentencia Mato, y alerta que “hay escuelas bilingües pero son de mentira. O tienen auxiliares docentes que son indígenas que hablan su lengua y en el mejor de los casos traducen la clase del maestro criollo. Otras veces hacen de ordenanzas: barren, limpian, por lo que son las relaciones de poder en estos espacios”.
Mato plantea que “una Ley Micaela sobre este tema (en referencia a la normativa que establece la capacitación obligatoria en materia de géneros) obligaría a capacitarse en prevención del racismo, y no simplemente del vocabulario racista sino de prácticas como las de docentes criollos y auxiliares indígenas. O para prevenir comentarios como el de Alberto”. Mato recuerda que la ONU inició un decenio sobre las lenguas indígenas, por lo que “es propicio el momento para impulsar estos asuntos”. «
