El paro de los gremios docentes y no docentes universitarios de este miércoles nuevamente en reclamo por el financiamiento para el sector tuvo (otra vez) un alto acatamiento, al que se sumó además la masiva marcha al Obelisco de la Ciencia y las Universidades. En paralelo, hubo avances en el plano judicial.
El juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Adminsitrativo Federal N° 11, citó a una audiencia para el viernes de la semana próxima, 21 de agosto, al Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –que reúne a los rectores de las universidades nacionales del país– y a la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El Gobierno promulgó la ley de financiamiento universitario, pero nunca la aplicó justificando que la norma no especificaba con qué fondos hacerlo. Derivó en cuatro marchas federales universitarias y, además, en la presentación de varios planteos judiciales, entre ellos, el del CIN, el de la UBA y también de algunos gremios. Las causas finalmente se unificaron.
La presentación judicial del CIN avanzó y derivó en la cautelar, que incluso dejó firme la Corte Suprema. La norma obliga a actualizar salarios y becas. Ahora, la UBA solicitó la audiencia porque buscan ampliar el reclamo a aumentos para los hospitales universitarios, gastos de funcionamiento y partidas para ciencia y técnica, ítems que quedaron por fuera de la sentencia.
El CIN sostuvo que debe cumplirse de inmediato la medida cautelar que está firme tras ser ratificada una y otra vez. Sin embargo, desde la Procuración del Tesoro, el cuerpo de abogados del Estado, no respondieron si concurrirán.
Cautelar y acuerdo caído
El cumplimiento de la cautelar es uno de los puntos por los que reclamaron los gremios, que apuntan también contra el Gobierno por no aplicar la ley de financiamiento aprobada y sostenida por el Congreso el año pasado y por no cumplir con el acuerdo firmado con los rectores en junio pasado.
Según fuentes universitarias, el Gobierno pagó el aumento salarial –21,33% para junio, restaría un 3% adicional en octubre– y de las becas Manuel Belgrano, pero no lo hizo con el 20% de incremento para los gastos de funcionamiento ni la partida extra para los hospitales universitarios ($50.000 millones) que estaban contemplados en el acta que firmaron el 10 de junio.
Ante la convocatoria al paro, fuentes del Gobierno dijeron a La Nación que “el acuerdo está caído” porque solo sería válido “si no avanzaba la cautelar”. Y ratificaron que no abonarán la partida extra para hospitales.
Convocatoria a paritarias
Tras el acuerdo, la Corte dejó firme el fallo que obliga a aumentar salarios y becas por la ley de financiamiento universitario, un monto mayor al acordado entre las partes. Según concuerdan en el sector universitario, el incremento salarial que debería dar el Gobierno para cumplir con la Justicia asciende al 29%.
El Gobierno consideró que el paro es “ilegítimo” dado que “no existe incumplimiento alguno” de su parte, pero fijaron fecha para la próxima mesa paritaria para el próximo 1° de septiembre.
“Hoy el paro tiene un acatamiento casi total porque la universidad pública llegó a un límite. Tenemos una ley vigente hace 300 días, una cautelar que el Gobierno debe cumplir y un acta firmada que sigue sin aplicarse. El Gobierno no puede seguir desconociendo sus obligaciones, los acuerdos firmados y el reclamo de toda la comunidad universitaria”, afirmó Daniel Ricci, secretario general de la Federación Nacional de Docentes de las Universidades (Fedun).
“Los docentes de UDA pararon en su totalidad”, remarcó Sergio Romero, secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA). Contó que el acatamiento fue superior al 80% y aún mayor en las universidades de La Plata, Rosario y San Juan.
Walter Merkis, secretario general de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), indicó que el acatamiento en los trabajadores no docentes fue del 98% a nivel nacional: “La gran mayoría de las universidades nacionales estuvo cerrada, por lo que el acatamiento en general supera el 90%”.
Fatun convocó, además, a “abrazos simbólicos” a las casas de estudios y a una movilización al Palacio Sarmiento (Pizzurno) para el miércoles próximo, 19 de agosto. En caso de no obtener respuestas favorables del Ejecutivo Nacional sumarán un paro de 48 horas para el 27 y 28. Conadu ya ratificó esa medida de fuerza para fin de mes.
