Tras la disputa por los alimentos, Arroyo suma a organizaciones sociales al Comité de Crisis

El ministro de Desarrollo Daniel Arroyo y el secretario de secretario de Articulación Federal de Seguridad, Gabriel Fucks recibieron en esa cartera a Frente de Lucha Piquetero. En medio de la disputa por los recursos para los comedores populares en los barrios del conurbano, el gobierno invitó a estas organizaciones a participar del comité de crisis.

Fuentes del ministerio confirmaron a Tiempo que se llevaron a cabo dos reuniones, una con los del Frente de Organizaciones en Lucha (Fol ) y otra con el Polo Obrero, MTR Cuba, MTR Votamos Luchar, MAR y el Bloque Piquetero Nacional, quienes una carta con un pliego de reivindicaciones urgentes de los barrios populares. Las organizaciones plantearon “la conformación de un comité de control y seguimiento de las futuras compras constituido por trabajadores electos de los ministerios de Economía, Desarrollo Social, la Secretaria de Comercio y de las organizaciones sociales”. Según afirmaron los militantes, la respuesta por parte del ministro Arroyo al Frente de Lucha fue: “es una propuesta a novedosa y en la que no habíamos pensado y vamos a considerar”.

Los reclamos se basaron en las denuncias de abusos policiales en los barrios en el marco de los controles por la cuarentena y también por las necesidades de acceder a alimentos para los comedores populares. Fucks respondió que se estaba monitoreando el comportamiento de las fuerzas de seguridad “de cerca” y les informó sobre cómo siguen los procesos de los agentes sido denunciados por ejercer abusos de autoridad.

Las reuniones con las organizaciones populares se dan luego de que Juan Grabois denunciara de manera pública que el ministerio había comprado alimentos por encima de los Precios Máximos impuestos por la secretaría de Comercio en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia. Si bien, los precios fueron publicados en el Boletín Oficial, y Alberto Fernández salió a respaldar a Arroyo, la denuncia reveló la inconformidad de las organizaciones populares con el reparto de recursos en el territorio.

Es que el Ejecutivo acordó a fines de marzo con los intendentes del conurbano una entrega de 300 millones de pesos adicionales para hacer frente a las necesidades de los municipios durante la pandemia. “Junto con la inversión social que representa la tarjeta Alimentar y la asistencia a comedores y merenderos, decidimos crear un fondo extra de 300 millones de pesos a los municipios para la compra de alimentos y de artículos de higiene”, explicó Arroyo en su momento.

Sin embargo, las organizaciones se quejaron porque los intendentes no los incluyen a la hora de repartir alimentos para los comedores. Según explicaron, no quieren ser un factor “a contener” sino que quieren participar de la organización junto con los municipios de la distribución de los alimentos en el territorio. En ese contexto, las organizaciones que integran la UTEP (CTEP, Barrios de Pie, CCC y el Frente Darío Santillán, el Movimiento Evita y el Movimiento de Trabajadores Excluidos), ya se habían reunido la semana pasada con Arroyo, antes de que estallara la tensión dentro del ministerio.

“En las provincias, en los municipios debe convocarse «YA» a los comités de emergencia. Con todos sentados a la mesa. No pueden tomarse decisiones solo desde un escritorio, hay que convocar a quienes viven todos los días la realidad económica de los barrios”, reclamaron en un comunicado. “Los trabajadores y trabajadoras de la economía popular estamos a disposición. Estamos organizados y organizadas en cada territorio y con más ayuda o menos, estaremos poniendo el cuerpo para construir comunidad y acompañar a nuestros vecinos y vecinas en los momentos más difíciles. Pero la ayuda urge. Y es momento de que llegue”, comunicaron.

Por su parte, Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán, señaló: “en los barrios estamos cocinando a leña, estamos pidiendo donaciones porque la comida no alcanza, estamos poniendo el cuerpo”. «La situación en los barrios es crítica y la ayuda es insuficiente.  Las medidas tomadas por el presidente fueron fundamentales para que no avance la pandemia, pero en los barrios populares se precisa ayuda urgente para afrontar la crisis», señaló a Tiempo.

Despidos

En tanto, el ministro Arroyo aceptó las 14 renuncias que provocó el despido del funcionario que hizo la cuestionada compra, según confirmaron fuentes del ministerio. Gonzalo Calvo, quien era secretario de Articulación de la Política Social, fue despedido de su cargo al día siguiente de que se conociera la compra de urgencia a las empresas cartelizadas. El escándalo puso de relieve el aumento de los precios de los insumos que compra el Estado. En respuesta, el presidente emitió una resolución administrativa por la cual las distintas dependencias deberán comprar bajo el régimen los Precios Máximos establecidos por la Secretaría de Comercio, del ministerio de Desarrollo Productivo.