Tras la represión, las comunidades mapuches de Neuquén ratificaron su plan de lucha por la personería jurídica

Un conjunto de comunidades mapuches del Neuquén ratificó esta mañana la continuidad de su plan de lucha para obtener la personería jurídica que reclaman desde hace más de una década. Lo confirmaron con énfasis luego de ser víctimas ayer de una violenta represión policial con la que el gobernador neuquino Rolando Figueroa desalojó una protesta que llevaban adelante frente a la Casa de Gobierno.

“El pueblo Mapuche va a seguir luchando con toda su fortaleza hasta tener no solo la Personería Jurídica, sino también el Relevamiento Territorial y el derecho a la Consulta Previa”, advirtió el werkén y abogado de comunidades, Lef Newel, uno de los apresados durante la represión.

“Porque si esto (la violencia institucional) es un intento de amedrentamiento, les decimos que nos vamos a levantar con mayor fortaleza”, prometió.

El desalojo por la fuerza fue ordenado temprano el domingo a la mañana por dos fiscales en delitos económicos, Pablo Vignaroli y Diego Azcárate, en una veloz respuesta a la denuncia por “alterar la paz social” y “amenazas a través de redes sociales” presentada el sábado a la noche por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares.

El operativo represivo comprometió entre 120 y 150 efectivos fuertemente pertrechados con escudos, palos y escopetas, que descargaron contra no más de cuatro decenas de personas que acompañaban a los manifestantes a la mañana del domingo.

El saldo fue de 22 personas detenidas, entre ellos ancianas y adolescentes, muchos heridos y un policía con una mordedura en un brazo, ocasionada por una mujer que intento defenderse de sus golpes.

La desmesura represiva fue tan indiscriminada, que las fuerzas represivas arrestaron no solo a referentes mapuches sino también a quienes los acompañaban, como una docente universitaria, un exconcejal que reportaba la protesta para La Izquierda Diario, del PTS, a varias ancianas y a un adolescente de 14 años que debió ser atendido en el Hospital por la brutal golpiza que le descargaron los uniformados. También golpearon y capturaron al miembro del Comité neuquino contra la Tortura Pablo Mevli.

La protesta callejera había comenzado el pasado martes 15, cuando referentes de cuatro comunidades mapuches del oeste provincial se encadenaron frente a la Casa de Gobierno para reclamar por las promesas incumplidas por el gobernador Figueroa. Un mes atrás, su ministro de Gobierno Jorge Tobares había firmado un acta en la que se comprometía a entregar las personerías jurídicas a cinco comunidades. No solo no lo hizo sino que en reuniones posteriores avisó que no lo iba a hacer, lo que obligó a los referentes mapuches a plantarse ante la Casa de Gobierno.

A las puertas de la sede gubernamental se encadenaron los lonkos de las lofs Kelv Kurá, de Portezuelo; Newen Kurá, de Rincón de los Sauces; Fvta Xayen, de Tratayén, y Ragilew Cárdenas, de Picún Leufú. Las tres primeras están localizadas en la zona de Vaca Muerta mientras que la cuarta está en medio del proyecto del Parque Eólico Vientos Neuquinos.

Las comunidades denuncian que llevan más de una década trabajando para alcanzar el estatus legal del Estado argentino que les permita recibir la personería jurídica con la que pueden realizar relevamiento territorial que obligará al Gobierno a realizar una consulta previa libre e informada antes de desarrollar algún proyecto en sus tierras comunitarias.

Una de las primeras personalidades provinciales en presentarse en respaldo y solidaridad con los detenidos fue la rectora de la Universidad Nacional del Comahue (Unco), Beatriz Gentile: “Repudiamos y rechazamos todo desalojo violento. Estamos aquí para garantizar que esta situación (la privación de la libertad) no prospere”, reclamo desde las puertas de la Comisaría donde estaban retenidas las mujeres mapuches.

Gentile, además, se ofreció personalmente para abrir nuevos canales de diálogo entre las comunidades de la zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche de Neuquén y el gobierno de Figueroa, quien pasó de una política de diálogo dilatorio y promesas incumplidas, a la represión directa de los reclamos en beneficio de las multinacionales petroleras que operan en Vaca Muerta, según la precisa visión mapuche.

En Neuquén se estima la existencia de unas 86 comunidades originarias, pero solo 57 fueron reconocidas por el Estado provincial. Las 29 restantes se encuentran desde hace años sometidas al limbo de la burocracia eterna.