Tras la reunión con el presidente, gobernadores firmaron un pedido de juicio político contra la Corte Suprema

El gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, anunció este martes «la firma de un pedido de juicio político» por mal desempeño de sus funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia, tras una reunión de mandatarios provinciales con el presidente Alberto Fernández en la Casa de Gobierno.

«Junto a gobernadores y gobernadoras hemos tenido una reunión con el señor presidente con el objetivo de propiciar la firma de un pedido de juicio político en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional, en virtud del mal desempeño de funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia», indicó Capitanich durante una conferencia en la Casa Rosada junto a otros representantes de las provincias.

En ese sentido, el gobernador chaqueño adelantó que la presentación del juicio político es motivada por «una serie de hechos» en los que se observa «una manifiesta parcialidad» que favorecen a «una parcialidad política».

«Deben ser custodios de la Constitución. Los argentinos no pueden estar tranquilos en términos de salvaguarda de la vida, del patrimonio y la libertad con miembros de una Corte que violan contundentemente la Constitución y los principios republicanos y federales de gobierno», detalló Capitanich.

Asimismo, el gobernador ejemplificó con el fallo de la Corte con el que se ordenó al Estado Nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), al elevarla al 2,95%.

«Las provincias argentinas nos sentimos damnificadas por la asignación de recursos de una manera antojadiza. No es cierto que no nos afecta. Nos afecta. Consideramos que la defensa de los intereses de nuestras provincias argentinas y del federalismo es una bandera irrenunciable, porque es la base para lograr equidad e igualdad», apuntó.

Fuentes oficiales consignaron que de la reunión con el Presidente también participaron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja).

Del encuentro -que se desarrolló en el Salón Eva Perón- también formó parte el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, según indicaron fuentes oficiales, quienes resaltaron que otros gobernadores se sumaron a las conversaciones vía teleconferencia.

El encuentro con mandatarios provinciales es el segundo que mantiene el jefe de Estado luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictara una cautelar a favor de la ciudad de Buenos Aires sobre la proporción de los fondos de coparticipación federal para el distrito.

El domingo por la mañana, antes de viajar a Brasil para participar de la asunción del presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, Fernández había anunciado públicamente, a través de una carta, la decisión de impulsar un pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema, también presidente del Consejo de la Magistratura.

En un texto difundido el primer día del año, el mandatario agregó que se pedirá que «se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal».

«He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti», señalaba en la carta.

Además, en una entrevista con C5N en Brasil, Fernández expresó su «preocupación por lo que ha pasado en los últimos meses, ya que hubo un permanente avance de la Corte Suprema sobre los otros poderes y la república exige tres poderes independientes».

«Lo que hizo la Corte con el tema coparticipación de la ciudad de Buenos Aires se convierte en un hecho de intromisión» de la Justicia, consideró.

En ese marco, apuntó a Rosatti al decir que, además de ser titular de la Corte, «tiene la particularidad de ser presidente del Consejo de la Magistratura, consecuencia de que declaró la inconstitucionalidad de una ley con más de 16 años de vigencia que había sido aprobada por el Congreso».

«En virtud de eso, se autoproclamó presidente del Consejo de la Magistratura», recordó.