Tras una movilización y el reclamo de las 70 familias, la Justicia suspendió el desalojo del edificio de Solís

No se quedaron quietas y lograron su cometido. Las familias del edificio de Solís al 1800, del barrio de Constitución, consiguieron que la justicia porteña suspendiera por tiempo indefinido, el desalojo del hotel donde alquilan sus viviendas desde hace al menos 30 años. El desalojo iba a realizarse este jueves 22 de septiembre. En las primeras horas de este lunes, decenas de familias se movilizaron durante casi cuatro horas y conquistaron una cédula judicial que suspendía la medida. “Somos 70 familias que no tenemos adónde ir, le pedimos a la Ciudad que no nos desaloje. Soy una persona discapacitada que le han cortado ambas piernas”, dijo Alberto Andrade, mientras sostenía un cartel con la leyenda “La vivienda es un Derecho NO un Privilegio”, y se manifestaba en las puertas del Juzgado Civil y Comercial N° 93 a cargo de la jueza Paula Andrea Castro.

 Alberto vive en el edificio de Solís al 1835 hace varios años junto a su compañera que padece una discapacidad mental. El lunes de la semana pasada, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires intentó desalojar a las 70 familias que viven en ese edificio pero, gracias a la resistencia de vecinas y vecinos y el apoyo de varias organizaciones sociales, consiguieron prorrogar el desalojo hasta el jueves de esta semana. “En estos días ningún funcionario del gobierno se acercó a hablar con nosotros para brindarnos alguna garantía y que nos den un lugar para vivir, no queremos que nos regalen nada, queremos pagar como lo venimos haciendo hace más de 28 años”, cuenta a Tiempo Mari que esa cantidad de año lleva viviendo en el lugar. “El señor José Roque De Rose, el dueño del edificio, nos engañó para que nos vayamos. En este lugar hay personas discapacitadas y muchos niños y niñas, y es por eso que decidimos movilizarnos este lunes aquí”, agrega.

La movilización se hizo en el marco de la primera  semana del intento de desalojo. Le exigieron a la jueza una audiencia urgente previa a cualquier innovación que incluían dos puntos elementales: que se reconozca la situación particular de cada una de las familias; y que se dé tiempo para que se trabaje en una solución habitacional para cada una de ellas, que de hecho plantean una salida colectiva. “La jueza se negó a atendernos y comenzamos a manifestarnos en Talcahuano y Lavalle. Estuvimos varias horas hasta que conseguimos que nos firmaran una cédula judicial para suspender por tiempo indefinido el desalojo del edificio. Estamos muy felices, hoy se festeja”, cuenta Gigi Krein, titular de la organización Consejerías de la Vivienda, un agrupación que estuvo desde el primer momento acompañando al conjunto de las familias.

La suspensión del Expediente Nro. 66695 / 2007 caratulado: DE ROSE , JOSE ROQUE c/ SUBINQUILINOS Y/U OCUPANTES Y OTROS s/DESALOJO POR VENCIMIENTO DE CONTRATO, se firmó en el acto, ante la resistencia de los vecinos en abandonar el lugar, hasta que la titular del juzgado N ° 93 los escuchara. “Nos querían hacer venir mañana a una audiencia con la jueza y los vecinos y vecinas se plantaron dijeron que no y la resolución salió en el acto.

“En virtud de lo ordenado en el pto. II) de la presente, póngase en conocimiento del Señor Oficial de Justicia lo resuelto, importando ello la suspensión de la diligencia de lanzamiento en curso de ejecución”, destaca la jueza en la cédula firmada.

“Gracias a la organización de los vecinos y la visibilización pública que se hizo del desalojo de más de 50 familias en Solís 1841, la Jueza suspendió la medida”, publicó en sus redes sociales el legislador porteño Juan Valdés. “Es importante que el Gobierno de la Ciudad brinde una solución habitacional de largo plazo a las personas que viven ahí”, agregó.