Traslasierra: continúan las denuncias sobre el robo de agua en manos de una empresa saudí

Desde el Foro Ambiental Traslasierra (FAT) y Unidos por el Agua (UA), vecinos y distintos grupos dedicados al cuidado del ambiente y recursos naturales de Córdoba, desde hace más de una década denuncian el expolio de agua para consumo humano y riego. Señalan puntualmente a la empresa saudí Fondomonte South América S. A. -que junto a otras- está explotando el acuífero Los Cerrillos-San Vicente, en el departamento San Alberto, al oeste serrano cordobés.

Los denunciantes sostienen que la firma -de las más grandes del Golfo Pérsico- lo hace para cosechar alfalfa y luego exportarla a Medio Oriente para alimentar al ganado de la compañía lechera Almarai de Arabia Saudita. Pidieron informes a la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) y al Poder Ejecutivo provincial, pero no tuvieron respuesta.

Sobre la situación

“En el mes de junio, vecinos agrupados en el Foro Ambiental Traslasierra y Unidos por el Agua, realizamos un pedido de informe público ambiental a Recursos Hídricos de Córdoba; no obtuvimos ninguna respuesta. Tampoco nos contestaron el pedido de pronto despacho que hicimos vencido el plazo correspondiente por Ley”, reclamó Daniel Emmerich, Doctor en Ciencias Biológicas, docente en el nivel terciario, investigador asociado en el Instituto de Biodiversidad Neotropical del Conicet (Tucumán) y miembro del Foro Ambiental Traslasierra, en diálogo con Tiempo.

“Queremos información sobre el uso abusivo que estarían realizando la empresa Fondomonte South América S.A. y otras, del acuífero Los Cerrillos-San Vicente. Nos preocupa la situación de expolio del agua que, en el caso referido, se está yendo a Arabia Saudita en miles de toneladas de Alfalfa como agua virtual”, denunció el Doctor Emmerich.

Sin respuestas

“Nuestro reclamo tomó estado público en el mes de mayo a partir de varias notas que fueron publicadas en medios de comunicación nacionales, provinciales, locales y se difundió ampliamente en redes sociales”, repasó el docente.

A partir del estallido público de la denuncia de expolio del agua para consumo humano y riego. “Legisladores radicales y del Frente Cívico realizaron pedidos de informe al poder ejecutivo provincial, sin obtener respuesta y sin resolución hasta la fecha”, señaló.

“Enfatizamos que somos habitantes de la ecorregión del Chaco Seco, impactada en forma preocupante por el cambio climático, la fragmentación de sus ecosistemas y cambios de uso del suelo. Consideramos que el agua no es un recurso, sino un bien común natural y un derecho biótico, es decir, que corresponde a seres humanos y no humanos, que es urgente preservar, cuidar y defender”, remarcó el Doctor Emmerich.

Siguió relatando que el gobierno de Córdoba, “es groseramente irresponsable en la preservación de la integridad de los ecosistemas que son y serán los que mantienen al bien agua disponible para los seres vivientes que habitamos los territorios, dentro de los cuales, estamos nosotros los humanos”, apuntó.

“El ejecutivo provincial es culpable de lo que sucede por acción y por omisión. No responder al pedido de información pública ambiental es un claro indicio de lo que aquí afirmamos”, sostuvo el docente. Desde hace más de una década que se vienen preguntando: “¿Cuánta agua nos queda? ¿Por qué no responden?”.

El pedido de informes al APRHI

“No es novedad para nadie que estamos atravesando una progresiva disminución en la disponibilidad de agua a nivel local y global. Por eso recurrimos a la autoridad del agua, Administración Provincial de Recursos Hídricos, para que explicite qué está haciendo. Tanto en el conocimiento de la dinámica hídrica en Traslasierra, como en el control del uso sostenible de la reserva subterránea que supone el acuífero Los Cerrillos-San Vicente, pero no responden”, explicó el Doctor.

“En el pedido de informes redactamos algunas preguntas para que sean respondidas por dicha autoridad, más las respuestas que consideren menester brindar. Solicitamos la siguiente información pública ambiental en los términos de la Ley 25.835 y de la Ley provincial 10.208 y, bajo el apercibimiento de lo establecido en la ley 8.803”, argumentó.

Según explicó Emmerich, la empresa saudí Fondomonte es propietaria de tres campos que suman 12.306 hectáreas destinadas a la producción de alfalfa: ”Estos empresarios tuvieron serios problemas en Arizona, Estados Unidos, no les han renovado los contratos por el impacto sobre el agua subterránea de allí, pero por suerte ahora el tema se visibilizó y está en discusión”, finalizó.