La canadiense Viterra, la estadounidense Cargill y la china COFCO manejan el negocio, mientras miles de pequeños productores y economías regionales sobreviven con márgenes cada vez más ajustados.

Encabezando el ranking se encuentra Viterra con 13,55 millones de toneladas exportadas. Le sigue Cargil con 11,37 millones y COFCO, el brazo agroindustrial del Estado chino, con 10,3 millones. La presencia dominante de estas empresas multinacionales no es nueva, pero sí cada vez más pronunciada. Lo llamativo no es solo su volumen, sino el rol estructural que juegan en toda la cadena productiva: acopio, logística, procesamiento, exportación y hasta financiamiento de productores. A estas gigantes se suman otras como Bunge, AGD, LDC, ADM, ACA, Molinos Agro y CHS, completando un top ten que deja poco margen para actores medianos o pequeños.
El proceso de desregulación llevado adelante por el Gobierno nacional que profundiza la exclusión y favorece la concentración, continúa una tendencia que no se detuvo en los últimos años. En 2019, las diez principales empresas exportadoras representaban el 89% de las ventas externas del complejo agroindustrial. Para 2021, ese número había subido al 90,6%, y en la campaña más reciente alcanzó el 91,2%. Lo que se consolida es una estructura de oligopolio donde las firmas más grandes refuerzan su dominio año tras año, dejando menos espacio para actores nacionales, cooperativos o medianos.
Entre 2020 y 2023, además, el ingreso de dólares por exportaciones del agro fue récord, ya que el complejo sojero y cerealero llegó a aportar cerca del 70% del total de divisas del país en algunos períodos. Las manufacturas de origen agropecuario ocuparon el primer lugar en 2024 con el 37% del total de las exportaciones. Sin embargo, ese flujo de riqueza no se tradujo en mayor distribución ni en inversión productiva federal, sino en rentabilidad para los grandes grupos, la mayoría de ellos con casa matriz fuera del país.
Los grandes márgenes de ganancia que generó el modelo agroexportador en todos estos años, le permiten a estas empresas no solo exportan, sino también intervenir en toda la cadena del sector agrícola, desde el acopio y el financiamiento hasta la logística portuaria. Operan plantas de procesamiento sobre el Paraná, controlan accesos ferroviarios, gestionan puertos privados y forman parte de los mercados de futuros. En ese esquema, los productores deben vender su cosecha bajo condiciones impuestas, sin capacidad real de negociación.
Este modelo de concentración no solo responde a dinámicas del mercado, sino también a decisiones políticas. Las privatizaciones de los puertos en los años noventa, la falta de una política activa de regulación del comercio exterior y los beneficios impositivos a las grandes exportadoras pavimentaron el camino para este esquema. Mientras el Gobierno nacional apela a un discurso de “libre mercado”, los grandes exportadores cuentan con beneficios aduaneros, trato preferencial del Estado y una infraestructura diseñada a medida, especialmente en la zona del Gran Rosario, verdadero nodo logístico del agronegocio.
Mientras tanto, el sector agrario que produce alimentos para el mercado interno, el que genera empleo en las economías regionales y apuesta por la agroecología, queda por fuera de las políticas de este modelo. Al no contar con programas de acceso a financiamiento, sin canales directos de exportación y sin infraestructura adecuada, los pequeños y medianos productores venden a precios de mercado fijados por las grandes exportadoras y quedan atrapados a una estructura que prioriza el volumen y la renta, no la sostenibilidad ni el arraigo.
Incluso el cooperativismo agrario, que históricamente fue un actor clave para democratizar la comercialización, fue desplazado. Solo la Asociación de Cooperativas Argentinas ACA, figura entre en el octavo puesto como exportador, y aun así, con una participación del 6,7%, muy por detrás de los gigantes globales.
Según el último censo agropecuario, 1% de las explotaciones agropecuarias concentra casi el 40% de la tierra, y son los grandes grupos exportadores quienes dominan la comercialización. El impacto económico de este modelo recae principalmente sobre los pequeños y medianos productores. Desde sectores las cooperativas, las pymes y las asociaciones de pequeños productores, en contraste con el sector hegemónico referenciado con los grandes actores del modelo agroexportador, proponen alternativas que garanticen precios de referencia y condiciones de equidad. También se reclaman políticas públicas que fortalezcan la infraestructura logística y comercial de las economías regionales, para que los alimentos no solo se produzcan en el país, sino que también generen valor en origen.
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