Lo primero es ver si Casanello continúa al frente del juzgado que lleva el expediente. Luego se determinará la situación procesal de los imputados, entre ellos Spagnuolo y Calvete.
La primera de ellas tiene que ver con la continuidad del juez Sebastián Casanello al frente del Juzgado Federal 11, donde está radicada la causa por presuntos sobreprecios en los medicamentos para personas con discapacidad. Es que, el 12 de febrero próximo, apenas unos días después de terminada la feria de verano, se vencerá el mandato del juez frente a ese tribunal que no tiene titular desde que murió Claudio Bonadío.
Casanello desembarcó en ese juzgado el 12 de febrero pasado, cuando se terminó la subrogancia de Julián Ercolini. Unos meses después, ese tribunal quedó a cargo de la denuncia originada a partir de la difusión de los audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. Así, el magistrado tomó el caso y delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi.
Cuando estalló el escándalo que dinamitó la cercana relación que Spagnuolo tenía con el presidente Javier Milei, a quien representaba como su abogado en varias causas judiciales, parecía lejana la fecha de vencimiento de la subrogancia del juez. Pero ese día está al caer y una de las primeras definiciones que se esperan una vez que se reanude la actividad en el Poder Judicial es si Casanello seguirá o no en ese Juzgado y, por ende, a cargo de la causa ANDIS.
Esa determinación está en manos del presidente de la Cámara Federal porteña, que desde diciembre pasado es el juez Leopoldo Bruglia. Sobre la mesa, el camarista tiene dos alternativas: o prorroga la subrogancia de Casanello por un año más o da la orden para realizar un sorteo que -bolillero de por medio- arroje el nombre de un nuevo juez o jueza que se hará cargo del tribunal.
Según fuentes judiciales, lo esperable es que en los primeros días de febrero Bruglia se ponga en contacto con Casanello para preguntarle si está en condiciones de seguir por un año más. En el caso contrario, habría consultas a otros jueces o juezas para ver si están en condiciones de asumir responsabilidades frente al Juzgado Federal 11.
El vencimiento de una subrogancia no deja de ser una cuestión meramente cotidiana en un contexto repleto de juzgados vacantes. Pero en el caso del Juzgado Federal 11 hay un condimento extra que genera amplias expectativas. Ahí está radicada la primera causa por presunta corrupción que impactó de lleno en la gestión libertaria.
Si Casanello continúa o no en ese tribunal y en la causa ANDIS es un dato que no pasará desapercibido en la Casa Rosada. Es conocido que el magistrado no está entre los que desde la óptica libertaria ven con simpatía, entre otras razones porque se trata de un juez impenetrable ante cualquier intento oficial de inmiscuirse en los expedientes que maneja.
Igualmente, vale señalar que, a diferencia del macrismo, el mileísmo no ha logrado consolidar hasta el momento operadores judiciales que conozcan la dinámica palaciega de Comodoro Py y tengan acceso a los despachos donde se cocinan las causas con impacto político.
Siga o no Casanello en la causa Andis, lo cierto es que el expediente no va a cambiar de fiscal. Lo que sí podría ocurrir es que si se sortea un nuevo juez o jueza, quien quede como subrogante podría decidir revocar la delegación que Casanello hizo en favor de Picardi para que se haga cargo de la investigación.
La continuidad o no del juez llega en un momento crucial para el expediente. Se debe a que tras la reanudación de la actividad judicial se espera que el magistrado defina la situación procesal de los imputados que fueron citados a declaración indagatoria.
Procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento son las opciones que tiene en estudio el juez para determinar el futuro de los imputados. Las definiciones alcanzarán, entre otros, a Spagnuolo, a su ex número dos en la ANDIS, Daniel Garbellini, y a los sindicados como jefes paraestatales del organismo, que son -según el fiscal- los empresarios Pablo Atchabahián y Miguel Calvete.
La mayoría de ellos se negó a declarar cuando fueron citados, pero posteriormente presentaron descargos por escrito.
La ronda de indagatorias se fijó luego de un contundente dictamen presentado por el fiscal a principios de noviembre. En ese documento, Picardi señaló que los imputados “integraron una organización delictiva a los fines de cometer ilícitos, que les permitió obtener amplias sumas de dinero de manera indebida, en perjuicio de la administración pública y, en particular, del sector poblacional con discapacidad”.
El dictamen tiene una descripción detallada de cuáles habrían sido los roles de los imputados en el marco de las presuntas maniobras de alteración de los procesos de compra de medicamentos e insumos que se hacían en la Agencia de Discapacidad. «
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