Así lo confirmaron fuentes de la cartera laboral. La empresa incumplió el acuerdo salarial vigente y se niega a reabrir la paritaria que ya está vencida hasta 2019. Agitan el fantasma de la privatización para revisar los convenios.
Lindante con la ilegalidad, una y otra vez, la cartera laboral dispuso de conciliaciones obligatorias incluso antes de que los conflictos comenzaran. El mero anuncio de una medida de fuerza sirvió para justificar la intervención con el propósito de bloquear su realización. Una actitud similar había tomado el Ministerio de Trabajo de la gestión anterior a cargo de Carlos Tomada.
Fuentes de la cartera laboral confirmaron a Tiempo en horas de la tarde que “por el momento no se va a dictar una conciliación obligatoria porque no tenemos forma de aplicarla, son asambleas”.
El conflicto que comenzó por mañana es resultado de un ostensible incumplimiento del acuerdo paritario vigente por parte de la empresa que se niega a aplicar la cláusula gatillo para los haberes del mes de septiembre y octubre. Esa modalidad que suscribieron fue acatada hasta el pago de los haberes de agosto. En rigor, se trata del último de los acuerdos salariales que haya incluido una modalidad de actualización de esa naturaleza.
Pero además, el directorio de la compañía informó a los sindicatos su voluntad de suspender la discusión de la nueva paritaria para el período 2018-2019 que venció en octubre con el objetivo deliberado de congelar los salarios de los trabajadores hasta 2019 omitiendo las actualizaciones correspondientes a los últimos tres meses del año.
El dirigente del sindicato de pilotos, Pablo Biró, en diálogo con FM del Plata se mostró molesto ante la actitud de la cartera: “Nos empujan a una medida de fuerza”. Se quejó porque “el ministerio (por la secretaría) no aplica la conciliación y deja de rehenes de los negocios de Dietrich a 7 mil pasajeros”.
Por otro lado, según informó el portal Infobae, las autoridades de la compañía presentaron una denuncia ante el Ministerio de Producción y Trabajo reclamando su “inmediata intervención” ante lo que consideran “una medida de fuerza ilegítima que causa un enorme perjuicio tanto para la empresa como para los pasajeros».
Las declaraciones del presidente Mauricio Macri acerca de la supuesta necesidad de que el Estado no se haga cargo de sostener la compañía fueron interpretadas por los sindicatos como una amenaza de fondo para la línea de bandera. Algo que podría explicar también la pasividad de la Secretaría de Trabajo. La estrategia oficial, sospechan, apunta a provocar a los trabajadores para generar un clima propicio a partir del cual imponer nuevos convenios laborales y, a la vez, moldear la opinión pública a favor de una re privatización de la compañía.
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