Los ministros de Educación y Ambiente defenderán la normativa ante el plenario de comisiones de la Cámara alta. Allí se debate el proyecto que establece contenidos educativos y acciones para garantizar “el ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso”.
Las intervenciones de ambos funcionarios serán escuchadas por los integrantes de las comisiones de Educación y Cultura, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta. También fueron invitados a dar su opinión Carlos Gentile, exsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable; y Máximo Mazzocco, de la ONG Eco House Global.
Cuestión de derechos
El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, busca establecer que la educación ambiental integral (EAI) sea un derecho con rango constitucional. El texto la define como “un proceso educativo permanente… que tiene como propósito general la formación de una conciencia ambiental”. Con ese fin se articulan contenidos educativos, saberes, valores y prácticas. El objetivo final es “el ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso”.
Las estrategias para lograrlo serán coordinadas tanto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como por el de Educación. Ambos deberán interactuar con universidades y gobiernos provinciales. La revisión y actualización periódica de esas estrategias serán supervisadas por un consejo consultivo de asesores, del cual podrán participar también legisladores nacionales.
Entre otros puntos, se establece que cada Día Mundial del Ambiente (5 de junio) cada provincia deberá “promover una acción comunitaria en la que se fomente el ‘Compromiso Ambiental Intergeneracional’ en el cual, en diferentes ámbitos de la sociedad, niños y niñas, jóvenes, personas adultas mayores, funcionarios y funcionarias de gobierno, atendiendo a la efectiva participación de pueblos indígenas, tengan la oportunidad de establecer un pacto de responsabilidad con el ambiente y las generaciones sucesivas”.
La iniciativa cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde fue aprobada el pasado 27 de marzo con 215 votos positivos, 7 negativos y 18 abstenciones.
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