No sólo corta relaciones con la OMS y amenaza con la clausura del Congreso, mientras se analiza una ley marcial. Con su reelección entre ceja y ceja, está empeñado en su postura de abrir la economía pero son los gobernadores los que quedan expuestos ante las cifras de la pandemia.
Luego de por lo menos seis semanas de demoras para poner en marcha las recomendaciones de los especialistas, y cuando la cifra de infectados llega casi a los 700 mil y la de muertes se acerca a 40 mil, Trump anunció esta semana que cortaría la cuota a la OMS que le corresponde a EE UU. Acusa al organismo internacional de haber
errado en las advertencias sobre el peligro del Covid-19, aunque solapadamente cuestiona que no culpen a China por la tragedia sanitaria que se esparce sobre el mundo. Y más solapadamente aún, busca a quién culpar de la catástrofe.
El enfrentamiento de Trump con los gobernadores se relaciona con su postura de abrir la economía, a la vista de que se sumaron 22 millones de personas al ejército de desocupados por las cuarentenas y las empresas siguen paradas. Los mandatarios de los distritos son los que quedan expuestos por el funcionamiento de cada sistema de salud, mientras que la caída economía nacional puede conspirar contra la reelección de Trump.
Pero hay algo más: en estos días se vio a los más activos grupos de extrema derecha, habitualmente antisistema, salir a la calle para reclamar el fin del aislamiento. Pretenden que esas medidas atentan contra las libertades individuales y las garantías constitucionales.
Se los vio frente al Capitolio de Lansing, la capital de Michigan, armados hasta los dientes, con fusiles pesados al hombro muchos ellos, exigiendo a la gobernadora Gretchen Whitmer terminar con las restricciones al comercio y la circulación. “No podemos llevar nuestros botes al agua”, se quejó una manifestante. “Ni siquiera podemos comprar pintura para pintar nuestra casa”, agregó. Marchas similares se llevaron a cabo en Virginia y Ohio.
Trump, atento siempre a este tipo de expresiones sociales, posteó en una serie de tuits: “Libera a Minnesota” y “Libera a Michigan”. En el caso de Virginia, al pedido de liberación agregó “salva la gran 2ª Enmienda, que está bajo asedio”. Se trata de la garantía constitucional para el libre uso de armas de fuego por los ciudadanos civiles.
El riesgo es que se extienda este malestar en sectores poco afectos a seguir las normas del gobierno central, en un país donde hay más de 400 millones de armas registradas, más de una por habitante. Y con un presidente que no hace sino avivar las llamas.
Hace un mes creció la preocupación de que ante una “situación de guerra” como la definió el gobierno, el país pudiera inclinarse hacia la ley marcial.
No sería la primera vez que se aplique. La última que se recuerda data de 1966 en California,a raíz de una rebelión popular en un barrio de San Francisco luego de que un policía blanco disparó contra un adolescente negro.
Como corresponde a una potencia organizada -más allá de los dislates de Trump- en el Pentágono se preparan para un caos social. El secretario de Defensa, Mark Esper, instruyó hace algunas semanas al general de cuatro estrellas Terrence J. O’Shaughnessy, jefe del Comando Norte, para que se haga cargo de un plan de “continuidad del gobierno”. Es un puesto creado en 2001 luego de los atentados a las Torres Gemelas y tiene como objetivo asumir el poder en caso de que los mandatarios estén impedidos.
Luego de patear el tablero contra la Organización Mundial de la Salud, Trump amenazó el miércoles con cerrar el Congreso si es que la asamblea legislativaseguía si funcionar debido a la cuarentena. En este caso no hay antecedentes en la historia estadounidense. Sucede que muchas nominaciones en cargos públicos clave de la administración central dependen de la aprobación del Senado. Como no funciona, alega el presidente, hay una obstrucción partidista que impide llevar adelante políticas para luchar contra el coronavirus.
La líder del bloque demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, se comprometió a aprobar una iniciativa para que los legisladores puedan emitir sus votos en forma
digital. Hay temores por el uso de las tecnologías más adecuadas, pero los pude más el miedo a que Donald Trump encuentre la excusa para gobernar sin control parlamentario.
Subsidios
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