No quiere enfrentar fallos adversos de jueces que él mismo nombró y que no votaron en contra del aborto y defendieron el derecho a la no discriminación laboral a personas de la comunidad LGTBQ. El tribunal, de mayoría conservadora, también se opone a que se niegue a mostrar sus declaraciones de impuestos.

Trump ganó los favores del establishment del partido Republicano con la promesa de que pondría en la CSJ a jueces de reconocido perfil conservador. La base electoral que logró juntar el mandatario en 2016 tiene un fuerte componente de ciudadanos de tendencia religiosa que naturalmente están en contra del aborto, reconocido como legal por la corte desde un famoso fallo de 1973 que sentó jurisprudencia, el caso Roe v. Wade. Esto permitió zanjar un tema muy delicado en ese país, ya que no hay una ley federal que permita la interrupción del embarazo.
Por el retiro de Anthony Kennedy, en julio de 2018 y luego de una trabajosa negociación en el Senado, Trump pudo designar finalmente a Brett Kavanaugh, que tenía un perfil de antiabortista en su trayectoria como juez de distrito.Normalmente el tribunal mantiene un tenso equilibrio entre liberales y conservadores, la vieja disputa entre garantistas y punitivistas. Como son nueve integrantes y por cuestiones de edad cada presidente tiene ocasión de designar a al menos uno durante su gestión, la CSJ pasa de 5 a 4 con mucha facilidad hacia un lado u otro. Con Trump, los liberales perdieron terreno. En estos dos años la balanza computó a Kavanaugh, Gorsuch, al actual presidente del tribunal, John Roberts, a Clarence Thomas y a Samuel Alito en el banco de la derecha. Quedaban del otro lado Ruth Bader Gisnburg y Stephen Breyer, nombrados por Bill Clinton en 1993 y 1994 respectivamente, y Sonia Sotiomayor y Elena Kagan, que asumieron en tiempos de Obama.
Pero hubo varias sorpresas que dejaron trastabillando a Trump. Un golpe fuerte fue cuando el voto de Robert resultó crucial para impedir que el gobierno pusiera fin al Programa de Acción Diferida para los inmigrantes llegados en la infancia, conocida por sus siglas DACA, una normativa que permitió por décadas que jóvenes indocumentados pudieran permanecer en el país sin ser deportados.A principios de julio, Trump recibió otros dos mandobles. En un fallo histórico la SCJ invalidó una ley de Luisiana que habría obligado a cerrar las clínicas de aborto. Ya había determinado que es ilegal despedir a una persona por su identidad de género. Gorsuch, que llegó al Palacio de Justicia con la anuencia fervorosa de los grupos evangélicos más fanatizados, dijo en su dictamen que el Título VII de la Ley de Derechos Civiles impide cualquier tipo de discriminación laboral, lo que incluye a la comunidad LGBTQ, que celebró como un triunfo este fallo inesperado.
Trump salió a despotricar en las redes sobre lo que llamó una “traición” de los jueces por él designados. Prometió entonces, para ganar el favor del partido ante las próximas elecciones – cuando muchos ya anunciaron que no lo votarán por el cariz que tomó su gobierno- que elaborará una lista de candidatos que se comprometan verbalmente a defender esos valores que tanto sirven para ganar votos en algunos sectores sociales.No se privaron de cantarle cuatro frescas los republicanos más extremos. Entre ellos figura Josh Hawley, senador por Missouri, que declaró al Washington Post que solo votará a candidatos a la Corte que se hayan pronunciado decididamente en contra del aborto. “No quiero garantías privadas de los candidatos. No quiero escuchar sus opiniones personales, de una forma u otra. No estoy buscando pronósticos sobre cómo votarán en el futuro o predicciones. No quiero nada de eso. Quiero ver, como parte de su registro, que han reconocido en algún foro que Roe vs Wade, como un asunto legal, se ha decidido erróneamente”.
Pero todavía los supremos le tenían deparada una sorpresa que consumaron hace unos días, cuando determinaron que el presidente debe entregar sus declaraciones de impuestos como cualquier mortal dentro de Estados Unidos. El magnate se venía negando al requerimiento de un fiscal de Nueva York que le reclama su planilla de aportes a la agencia impositiva.Mientras los allegados a Trump se desviven por demostrar que la lista “blanca” no superará las 25 personas e incluso debaten si no convendrá que sean menos, la expectativa crece luego de que se supiera que la jueza Ruth Bader GInsburg, de 87 años, hace un par de meses se viene sometiendo a un tratamiento de quimioterapia por un cáncer al hígado. Reconocida liberal, defendió históricamente los derechos de género y es una suerte de símbolo de defensa de derechos ciudadanos.
Eso aviva las esperanzas de que la jueza deba retirarse por enfermedad -no vivarían al cáncer porque por allá esas cosas no se dicen- para colocar a un conservador de pura raza que no le haga asco a ir contra la corriente. Pero va a resultar difícil controvertir el propio argumento de los republicanos hace cuatro años. Son sus últimos meses en la Casa Blanca, corresponde que envíe el pliego el que gane en noviembre.En cuanto a sus asuntos impositivos, puede decirse que la SCJ le hizo precio: no lo obligó a enviar sus reportes a la IRS (la AFIP estadounidense) sino a una instancia judicial anterior, que es la que reclamaba. El fiscal a cargo de la investigación es Cyrus Vance Junior, hijo de Cyrus Vance Senior, que fuera secretario de Estado de Jimmy Carter y en ese carácter viajó a Buenos Aires para exigirle respuestas al dictador Jorge Videla sobre las denuncias por desapariciones de personas.
Vance Jr. quiere saber si con fondos de su campaña electoral de 2016 se pagó el silencio de dos mujeres que habrian tenido relaciones sexuales con él y habían sacado el caso a la luz, la actriz porno Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal. Trump sabe que el fiscal es del ala liberal de la justicia, lo sabe cercano a los demócratas y sostiene que lo persigue en el marco de la campaña electoral.
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