Se trata de la historia de Sara y su hijo Mario Navarro, nacido en cautiverio y vendido a una pareja de Santa Fe en 1977. La mayoría de los acusados murió antes de enfrentarse al tribunal.
Navarro será querellante en este proceso de lesa humanidad que se desprende de las investigaciones que se siguieron por los crímenes que se perpetraron en el penal de Villa Urquiza, donde funcionó un centro clandestino de detención ilegal. Un caso emblemático en el cual se conjugan las atrocidades del terrorismo de Estado con el tráfico de bebés.
El proceso oral y público de esta causa comenzará este 3 de diciembre a partir de las 9 en los Tribunales Federales de San Miguel de Tucumán y las audiencias estarán a cargo de los jueces Abelardo Jorge Basbús, Enrique Lilljedahl y Ana Carina Farías, y la acusación estará a cargo del fiscal general subrogante Pablo Camuña.
El paso del tiempo, componente vital de la impunidad biológica y del olvido, impidió que todos los responsables de este delito de apropiación comparezcan ante la Justicia y sólo Santos González, ex integrante del Servicio Penitenciario de Tucumán al momento de los hechos, será el único acusado en el debate de esta causa.
La historia de la apropiación de Mario comienza con el secuestro ilegal de Sara, su madre biológica que en julio de 1975 tenía 19 años, cuando fue secuestrada por un grupo de tareas en el centro de Tucumán, cuando volvía de su trabajo hacia su hogar. Tenía dos hijas y tras su captura ilegal la trasladaron a una comisaría, luego a la Jefatura de Policía y luego recaló en el penal de Villa Urquiza, donde estuvo en cautiverio como detenida desaparecida.
Allí, permaneció aislada, con sus ojos vendados y sin contacto con los otros prisioneros. Sufrió torturas abusos y violaciones por parte del personal del penal. Como consecuencia de esas vejaciones, Sara quedó embarazada.
Entre mayo y junio de 1976 dio a luz un bebé que le fue arrebatado por un enfermero. En la investigación se pudo establecer que cuando comenzó con el trabajo de parto, la víctima fue llevada a un salón y la tiraron en colchón, donde dio a luz un varón, que le arrebataron inmediatamente.
Tras el alumbramiento, a Sara le pusieron algodones en sus genitales y la volvieron a vendar. Unos enfermeros le inyectaron medicamentos y le dijeron que eran para “impedir que produjera leche”. En noviembre de ese año, alguien resolvió liberarla. La subieron a un camión y la dejaron a la vera de una ruta. Atemorizada por el horror que padeció en Villa Urquiza, Sara permaneció en silencio durante años.
Los penitenciarios le entregaron el bebé a un comerciante español afincado en Tucumán, llamado José Espinoza López, quien a través de una cadena de complicidades que integraban otras personas, vendió al niño a un matrimonio que componían Alcides Santiago Bravo y Cecilia Magdalena Raggiardo, quienes vivían en Las Rosas, Santa Fe. Mediante una partida falsa, la pareja consignó que Mario había nacido en Las Parejas, el 6 de mayo de 1977.
En 2005, Sara decidió romper el silencio que había guardado por años y contó su historia ante la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán y a la Comisión Nacional por el Derechos a la Identidad (CONADI), un organismo disuelto por disposición del Gobierno de Javier Milei. Dos años más tarde, Sara brindó información que se ingresó al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
En 2014, se desarrolló en Tucumán un juicio de lesa humanidad por los crímenes cometidos en el penal de Villa Urquiza durante los años de la represión ilegal, que esa provincia comenzaron meses antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, con el despliegue del denominado “Operativo Independencia”. En ese proceso hubo más diez condenados por delitos cometidos en perjuicio de 39 víctimas. Sara narró su caso por primera vez ante un tribunal.
Al año, y tras la muerte de sus apropiadores, Mario se acercó a Abuelas y contó que tenía dudas sobre su identidad. El BNDG corroboró que era hijo de Sara y ambos pudieron reencontrarse.
“Sara todavía está viva, pero creemos que es innecesario que vuelva declarar en este juicio. Ya dio su testimonio en otras causas. Pero sí está previsto que Mario declare con el correr de las audiencias”, señaló Tiempo la abogada Carolina Villella, quien sigue la querella de Abuelas en este juicio.
En 2021, como parte de esta causa, quedaron procesados González y otros dos penitenciarios: Daniel Arturo Álvarez y y Francisco Alfredo Ledesma, quienes fallecieron condenados en el junio de Villa Urquiza.
“El desarrollo de este juicio es importante para reparar todo lo que sufrieron las víctimas. Son procesos que deben tener visibilidad y generar sensibilidad entre la población”, puntualizó Villella.
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