‘Tutelar’ a los pobres, opinión de Guido Croxatto

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, firmaron un convenio de colaboración con el supuesto objetivo de facilitar el acceso a la justicia a los sectores más vulnerables. El acuerdo permite que los abogados de la calle Montevideo, a la vez que defienden a represores en los juicios de lesa humanidad, hagan lo propio con habitantes de las villas porteñas.

En primer lugar, debemos vencer el eufemismo: no existen sectores “vulnerables”, sino sectores vulnerados. Son sectores de nuestra sociedad que han padecido la exclusión, la privación o la negación de sus derechos, quedando en una posición social de desventaja. En este contexto, el acceso a la justicia es el primero y más fundamental de todos los derechos civiles. Sin embargo, como muchas cosas en el Derecho, esta forma de tutela no es inocente.

El acceso tutelado a la justicia no siempre expresa la voz y los intereses de los sectores marginados históricamente por el Derecho, el Estado y la justicia. En lugar de promover convenios paternalistas con sectores conservadores que pretenden tutelar desde arriba, el Ministerio de Justicia podría cuestionar las actuaciones judiciales que menoscaban los derechos sociales. Si realmente le preocupara el acceso a la justicia de estos sectores, debería propender, más que a este tipo de litigiosidad tutelada -creciente en escenarios de empobrecimiento y desempleo como el actual-, a la operatividad real de derechos que esos mismos tribunales niegan.

Con esta iniciativa, se pretende soslayar el valioso trabajo que aún realizan diversas dependencias del sistema de administración de justicia no en un sentido vertical y tutelar, sino de manera horizontal, de empoderamiento de los sectores más postergados, para garantizar un genuino acceso a la justicia. Este modelo conservador impulsado por Garavano, acompañado por la impugnación del llamado “garantismo” desde los medios de comunicación y otros sectores de la sociedad, responde a un paradigma autoritario de la justicia y del Estado contra el que venía trabajando la anterior administración y cuyo modelo se expresó en la reforma del Código Civil y en la propuesta de reforma del Código Procesal Penal.

El regreso a este paradigma responde a una concepción antigarantista en todos los planos, orientada a limitar derechos más que a promoverlos. En este esquema, se recortan derechos sociales mientras se promueve el tutelaje de los sectores afectados por esos mismos recortes, dejando de lado programas que, desde el Estado, los empoderaban ante los tribunales. La lógica es perversa: se habla en nombre de sectores cuyos derechos sociales son recortados y, a la vez, se los tutela.

La mejor manera de garantizar el acceso a la justicia de los sectores vulnerados no es con acuerdos con una institución que aún cuenta en sus filas con ex miembros del Batallón 601, sino promoviendo su empoderamiento directo en los tribunales y garantizando la operatividad y la eficacia de los derechos económicos y sociales que hoy se niegan.

(Guido Croxatto es becario Conicet-UBA y ex asesor de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación)