Un abogado que amenazó a policías vincula a Macri con la causa Lago Escondido

Un abogado de la empresa aérea del Grupo Macri, socio en un estudio jurídico con el exsecretario de Legal y Técnica de su gobierno, Juan Pablo Clusellas, amenazó a los policías que allanaron Flyzar, la empresa por la que viajaron jueces, funcionarios porteños y agentes de inteligencia al Lago Escondido en octubre del año pasado.

El abogado Pablo Guglielminotti –quien fue apoderado de Macair Transporte Aéreo SA, la empresa aérea del Grupo Macri– exhortó desde el altavoz del teléfono a los uniformados que realizaban el allanamiento a que no se llevaran una computadora y les advirtió que si lo hacían «se enfrentarían a los peores abogados y se les acabaría la carrera».

Todo ocurrió cuando la causa estaba en manos de la jueza federal subrogante de Bariloche Silvina Domínguez, quien ante la denuncia de un abogado local, Marcelo Hertzriken Velasco, había ordenado una serie de medidas de prueba para confirmar si el viaje de los autodenominados «huemules» (entre ellos los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials y el exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro) efectivamente había existido.

Entre esas medidas estaba el allanamiento al hangar que la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A. (Flyzar) posee en el aeropuerto de San Fernando. La magistrada buscaba papeles y e imágenes de cámaras de seguridad sobre el vuelo con destino a la estancia del magnate británico Joe Lewis, en el Lago Escondido, en octubre del año pasado.

El procedimiento estuvo a cargo de Franco Simón Gerez, jefe de Brigada de la Policía Federal, secundado por el sargento primero Sebastián Ruiz Martínez; el subinspector Hernán Ferragut Oviedo y el cabo primero Martín Museri, de la División Requerimientos Judiciales de Imágenes y Análisis Investigativos. La orden era «la obtención de las filmaciones captadas por las cámaras de seguridad instaladas por dicha compañía, correspondientes a los días 13, 14 y 15 de octubre» de 2022.

En el hangar los atendió Matías Nicolás Alí y cuando los uniformados leían en voz alta la orden de allanamiento apareció José Manuel Pajares Quispe. Ambos se identificaron como operadores de rampa. Los policías a cargo del allanamiento rápidamente detectaron la Sala Informática, «donde el personal idóneo de la División Requerimiento Judicial de Imágenes y Análisis Investigativos informó que existía en el lugar un rack (servidor) donde podrían almacenarse todo tipo de imágenes e información que podría ser de interés para la causa, por lo que era pertinente el secuestro de todos los soportes de almacenamiento que poseía». Entonces apareció Ricardo Vicente Velasco, quien dijo ser «el encargado de la oficina de Administración» de Flyzar.

La jueza Domínguez resolvió «ampliar el objeto de allanamiento» para «proceder a la amplia inspección y registro de la oficina con la inscripción ‘Administración’ que posee una cerradura con clave numérica con el objeto de secuestrar todo soporte que pueda poseer registros de la facturación del lugar, ya sea en formato digital o físico». Allí comenzaron los problemas.

Según documentación a la que accedió Tiempo, «en un momento dado el Sr. Velazco de forma ofuscada y pese a que se le explicó en reiteradas oportunidades que todo lo actuado fue debido a órdenes explícitas del juzgado, solicitaba que no se secuestre la PC extraída del servidor. Que había hablado con el abogado de la empresa, el Dr. Pablo Guglielminotti, y el mismo le informó que era indebido el accionar, que si él colaboraba brindando acceso al aparato no había que llevarlo, por lo que frente al mismo y a fin de que la persona se calmara y permitiera continuar con el proceder se efectuó consulta telefónica con el juzgado». La jueza Domínguez «ordenó continuar con las diligencias ordenadas e informar al Sr. Velazco que en caso de que el abogado requiera solicitar material de la causa lo haga por las vías legales correspondientes».

Entonces, «Velasco tomó su teléfono celular y comenzó a filmar al personal policial, a los testigos y al material secuestrado, diciendo a viva voz que se estaba llevando adelante un procedimiento erróneo y se estaba secuestrando material que no era necesario (entre otras cosas) para luego realizar una llamada telefónica con Guglielminotti».

Desde el altavoz del teléfono, el abogado «le refería que hable con el personal policial, que no era necesario todo esto, que si secuestraba esa computadora se enfrentarían a los peores abogados y se les acabaría la carrera (entre otras cosas) quedando todo ello registrado en las vistas fílmicas del procedimiento».

Pese a las amenazas, el procedimiento siguió adelante. «A la hora de firmar el acta de allanamiento, tanto el Sr. Velasco como el Sr. Alí en la última hoja firmaron dejando una leyenda». En el caso de Velasco, dice: «Dejo constancia que el CPU que se llevan no contiene material fílmico, facturas ni planes de vuelo. Nos ofrecimos a que revisen (sic) toda la información y no quisieron. Esta CPU es indispensable para nuestra labor diaria». Alí firmó el acta «en disconformidad ya que no se me mostró ningún número de serie acá indicado. No soy testigo de eso».

Guglielminotti, según su perfil público en Internet, integra el estudio Romero Zapiola & Clusellas. Su nombre apareció en las noticias a mediados de 2018, cuando Greenpeace denunció supuestas amenazas por parte de «un primo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el empresario Alejandro Braun Peña, dueño de uno de los terrenos en la provincia de Salta», en el contexto de una protesta «para evitar el desmonte de bosques nativos, lo que derivó en un cruce de cartas documentos y el llamado a una mediación». En esa instancia, según Greenpeace, participó Guglielminotti. «Braun Peña les reclamó a los directivos de Greenpeace que sus acciones le habían causado daños y perjuicios, cuando él había dedicado mucho tiempo para convertirse en ‘uno de los empresarios más ricos del país pero también para estar en las sombras y ser uno de los más desconocidos’. (…) Como ustedes hicieron la campaña enfocada en lo personal y dañaron mi imagen, voy a gastarme dos o tres palos verdes para joderlos a ustedes». Su abogado, Guglielminotti –siempre según Greenpeace– les advirtió: «Tengan en cuenta que por suerte estamos en otra época del país. Él no es Yabrán, sino imagínense…».

Guglielminotti, con sobrada experiencia en cuestiones vinculadas con la aeronavegación, también fue noticia porque cobró del gobierno de Entre Ríos más de 400 mil dólares por su tarea en una causa judicial en la que la empresa Macair había demandado a la provincia por incumplimiento del contrato de leasing de un avión. El gobernador Gustavo Bordet pagó casi tres millones de dólares para cerrar el caso, además de los 428 mil al abogado.

La causa por el viaje de los huemules, como suele ocurrir en casos de presunta corrupción del gobierno 2015 – 2019, está en Comodoro Py, en manos del juez Sebastián Ramos, cuyo vínculo con el imputado D’Alessandro quedó exhibido en la filtración de chats.

Desde hace meses la investigación prácticamente no registra movimientos. «