Un año después de la muerte de Rocío, prohíben el agrotóxico que la mató

A través de la Resolución 263/2018 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), publicada el martes en el Boletín Oficial, se prohibió la elaboración, importación y fraccionamiento de los plaguicidas carbofuran, carbosulfan, diazinon, aldicarb y dicofol, y sus productos formulados, que se utilizan como terapéuticos en semillas de suelo y cuyo efecto letal en personas y animales vienen denunciando desde hace tiempo ambientalistas y vecinos de pueblos fumigados, además del grave daño que causa al medio ambiente.

En Mburucuyá, un pueblo correntino de 7000 habitantes, donde se acostumbra a regar con agroquímicos los cultivos de frutas y verduras, no celebraron la noticia. La ausencia de Rocío Pared, la nena de 12 años que murió en septiembre de 2017 luego de comer una mandarina inyectada con carbofuran, el mismo veneno prohibido un año después, impide la alegría.

Era sábado cuando Rocío y su sobrino Damián, de 10 años, salieron de su casa para ir a catecismo en la capilla de Santa Librada. En el camino, a la altura de la quinta de los Brest, una familia influyente de la zona, Rocío levantó una mandarina del piso, la partió al medio y convidó a su sobrino. El chico no toleró el sabor agrio y escupió lo poco que llegó a meterse a la boca. Rocío, en cambio, ya había tragado su parte. En pocos segundos quedó tendida sobre la tierra roja, doblada del dolor, incapaz de pedir ayuda.

La autopsia encontró rastros de Furadan, la marca comercial del carbofuran, un producto que se aplica en el suelo para ser absorbido por las raíces de la planta y que está categorizado como «extremadamente tóxico». Si bien su uso original era con fines agrícolas, en la práctica se convirtió en un veneno barato y altamente efectivo: un mililitro alcanza para matar a una persona.

«Si vamos a casos concretos, el carbofuran fue responsable de la muerte de al menos 34 cóndores andinos en la provincia de Mendoza en enero pasado. Sin embargo, lejos estuvo de ser el único caso relacionado con este pesticida prohibido en muchos países. En 2016, en Mendoza, 15 animales, principalmente llamas, fueron envenenados al comer rollos de alfalfa contaminados. Y, más grave aun, fue también el desencadenante de la muerte de la nena en Mbucuruyá. Evidentemente, no vamos a extrañar al carbofuran», dice Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.

Pese a recibir con alivio la novedad, Jaramillo aclara que la resolución no soluciona nada. «Lo que necesitamos es una ley que regule fuertemente y sin excepción la comercialización y el uso de todos los agrotóxicos que tienen la capacidad de matar, aunque ahora se los llame ‘fitosanitarios’. El manejo de agrotóxicos como el carbofuran o el glifosato es muy peligroso. Pueden contaminar el suelo, los cauces de riego, también pueden afectar la flora y la fauna, y generar graves peligros a las comunidades cercanas a sitios contaminados».

La resolución publicada «prohíbe a partir de los 365 días de su entrada en vigencia la comercialización y uso de estas sustancias activas y sus productos formulados» y advierte que «a partir de esa fecha se producirá la baja automática de los productos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal a cargo de la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos del Senasa», exceptuando la formulación en gránulos al 10 por ciento.

Prohibido en la Unión Europea, el carbofuran también lo estaba en Corrientes cuando murió Rocío. El único imputado por su muerte es el tractorista de la estancia, que declaró haber pintado la mandarina con veneno para matar a las ratas. «

En Entre Ríos

La Sala II de la Cámara Segunda de Paraná hizo lugar a una acción de amparo ambiental colectivo presentado por el Foro Ecologista contra el gobierno de Entre Ríos, «prohibiendo la fumigación terrestre con agrotóxicos en un radio de mil metros alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de 3000 metros alrededor de dichos establecimientos educativos hasta tanto se determine que se obtendrán idénticos efectos preventivos para la salud del alumnado y personal que asiste a los mismos».