Un arnés político para las fuerzas de seguridad; por Claudio Mardones

Los funcionarios del Gobierno que celebran el endurecimiento de la administración de Cambiemos en materia de seguridad interior aseguran que la ministra Patricia Bullrich podría extender el espaldarazo que le dio al gendarme Emmanuel Echazú, a los ocho efectivos del grupo Albatros de la Prefectura Naval que están señalados por el asesinato del joven Rafael Nahuel en la localidad de Villa Mascardi, a 30 kilómetros de Bariloche. Bullrich ascendió en la primera semana de este año a Echazú al grado de alférez y promovió la carrera del uniformado de mayor rango que participó en el operativo que desembocó en la desaparición y ahogamiento del joven Santiago Maldonado en el río Chubut. En el caso de los prefectos sospechados, la cartera de Seguridad todavía no puede replicar el gesto político de respaldarlos porque el expediente que instruye el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, todavía no tiene imputados. Sin embargo, como quien cierra un círculo alrededor de los sospechados, el magistrado notificó a los uniformados sobre el avance de las pericias ya que la bala de 9 milímetros que mató a Nahuel coincide con el calibre de las ocho armas que ordenó secuestrar 40 minutos después de los hechos.

Si las pericias confirman la responsabilidad penal de los sospechados en el asesinato del joven mapuche de 21 años, la investigación podría escalar sobre las responsabilidades políticas del crimen: señalar quién ordenó disparar con balas de plomo, tal como lo exige la familia.

El posible empeoramiento de la situación procesal de los prefectos que el gobierno trasladó velozmente de Bariloche es el único freno concreto al interés presidencial de respaldar con gestos públicos a los efectivos de las fuerzas de seguridad que intervinieron en el conflicto mapuche.

La nueva doctrina que enunció Macri para sacar a las fuerzas del manto de sospecha tiene un punto de partida con el ascenso de Echazú para que la pulseada judicial sobre la responsabilidad política por la muerte de Maldonado quede perdida en una reinterpretación oficial que disipe los señalamientos concretos sobre la decisión política de recurrir a las balas de plomo en caso de ser necesario. Puertas adentro del poder, quienes transitan ese límite sinuoso suman puntos de ponderación positiva por parte de un presidente que valora a quienes rompen con la corrección política e impugnan “la tradición garantista” de la “herencia recibida”.

“Ahora la versión que se quiso instalar no fue la realidad, no hubo desaparición forzada. Y no escuchamos una sola autocrítica de quienes afirmaron que había una decisión de este gobierno de hacer desaparecer a una persona. Si alguna fuerza de seguridad hace algo mal, hay mecanismos para que eso tenga castigo. Aceptar o plantear que las fuerzas de seguridad tienen una cuestión de violencia institucional, a mí entender es una canallada”, le contestó el jefe de Gabinete, Marcos Peña a este diario, en la entrevista publicada el domingo pasado. La expresión, que apunta a prodigar gestos reparadores para las fuerzas de seguridad, tuvo su correlato práctico pocos días después con el ascenso del subprefecto. Y también cuenta con una proyección política que posiblemente no llegue al bolsillo de los prefectos sospechados, pero que ya retumba entre los 2000 efectivos de las cuatro fuerzas de seguridad federales que intervinieron en los operativos represivos del 14 y el 18 de diciembre alrededor del Congreso, en el marco de las marchas contra por la reforma jubilatoria. 

Si el juez Villanueva imputa a los prefectos sospechados en el asesinato de Nahuel, la ofensiva política para respaldar a las fuerzas de seguridad tendrá una pausa de silencio en los efectivos del grupo Albatros. Sería un costo político menor frente a los aprestos represivos adoptados por la Casa Rosada para intervenir en el conflicto mapuche con la misma demonización de sus organizaciones sociales que ahora aplica a los movimientos y partidos que participaron en las marchas de diciembre. 

En materia de discurso político, la caja de herramientas del gobierno cuenta con una matriz similar para conflictos urbanos o rurales y busca, en cada caso, construir un enemigo interno que sea pasible de una feroz persecución penal que puede confirmarse en los 96 casos que enumeró el “informe conjunto realizado entre el Ministerio de Seguridad y los gobiernos de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut” para caracterizar a la organización “Resistencia Ancestral Mapuche”. La información derramada en sus 180 páginas confirma que los aparatos de inteligencia del Estado nunca dejaron de realizar inteligencia interior, aunque la apuesta política del informe RAM apunta a un correlato judicial inmediato. “Tanto la justicia federal en la zona de conflicto como la justicia provincial se encuentran trabajando actualmente en forma conjunta para avanzar en las investigaciones en curso, en estado avanzado. Y así, poder alcanzar una perspectiva penal acorde a la amenaza que representa este grupo violento sobre la sociedad afectando la seguridad, el comercio, las economías locales, el turismo y la libre circulación tanto de argentinos como de extranjeros que se encuentran en nuestro país”, concluye el informe que el Gobierno defiende con firmeza.  «