Un asesinato en una cárcel desnuda los horrores de las políticas punitivistas

Federico Zalazar, de 19 años, fue asesinado por sus pares en el centro de encierro para jóvenes adultos, ubicado el partido bonaerense de Virrey del Pino. Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) aseguran que vienen denunciando y advirtiendo desde 2014 que algo así sucedería.

La CPM asevera que el crimen es culpa de la implementación de un régimen carcelario basado en la administración de la violencia y el aislamiento extremo como política de control del espacio. Por eso presentaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reclamando que se otorguen medidas de protección de los jóvenes allí cautivos.

La muerte de Federico se produjo este lunes. Fue agredido por otros reclusos en el módulo 2 del centro cerrado para jóvenes adultos de Virrey del Pino. Otro detenido que estaba junto a la víctima logró escapar y encerrarse en un baño desde se escondió y grito pidiendo auxilio a los asistentes de minoridad y miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

“Durante el traslado en ambulancia, producto de las heridas en el cuello y el tórax, Federico, entró en shock y murió camino al hospital Evita Pueblo. Su compañero que fue herido por los agresores permanece en el sector de sanidad del centro cerrado”, cuenta Roberto Félix Cipriano García, secretario de la CPM, a Tiempo.

Y continua: “Los tres jóvenes que protagonizaron el ataque fueron trasladados a la Alcaidía 56 del SPB a disposición de la Justicia. Mientras tanto, sin ninguna explicación o justificación, todos los demás jóvenes alojados en Virrey del Pino fueron sancionados con una medida de aislamiento, esto solo empeora las cosas, es lo que venimos denunciando de 2014”.

Los jóvenes relataron a las autoridades judiciales que las peleas eran habituales, que existían muchas “facas” en el lugar, y que el problema es el consumo de sustancias estupefacientes (pastillas). Aseguran que este es el motivo por el cual tienen que estar todo el día luchando para cuidar sus vidas y pertenencias personales.

La población que habita esa institución de encierro, en su conjunto, denuncia: “Los directivos y el personal del Organismo de Niñez y del Servicio Penitenciario Bonaerense estaban al tanto de todos esos problemas y no hacían nada, no intervenían y la única posibilidad de ser atendidos por un directivo era cortarse o autolesionarse. Las autoridades permitieron la salida conjunta a un espacio común de dos grupos de jóvenes que, desde hacia tiempo, tenían problemas entre sí”.

Al testimonio de los reclusos se le suma otro elemento, que da cuenta de la responsabilidad de los funcionarios: las cámaras del módulo no registraron los hechos porque habían sido desviadas y estaban enfocando hacia otro lugar.

“Lo concreto es que Federico fue asesinado bajo custodia del Estado, no es un caso aislado, es el resultado de una forma de gestión del encierro punitivo mediante el aislamiento extremo como política de control poblacional y la instauración de un régimen de vida carcelario que sólo genera más violencia y violaciones a los derechos humanos”, denuncia y finaliza García.