Un bochorno anunciado, por Adrián Murano

El jueves, como anticipó este diario hace dos semanas, el abogado que representa al gobierno en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA pidió la absolución de tres de los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, y del policía Jorge «Fino» Palacios.

Por «expresa instrucción de su mandante» –el ministro de Justicia, Germán Garavano–, el abogado José Console pronunció su alegato, en el cual pidió penas para diez de los 13 imputados. Fue el epílogo de una trama escandalosa que enhebró el «encubrimiento del encubrimiento», como lo denominan los familiares y la víctimas del peor atentado que haya sufrido el país. Y que aún permanece impune.

Allegado al presidente de Boca –y operador judicial macrista–, Daniel Angelici, Console fue escogido para realizar la tarea sucia que sus colegas de la Unidad AMIA se negaron a hacer. De hecho, en la mañana previa al alegato, los abogados de la Unidad acercaron un documento al tribunal para dejar constancia de su postura: «Queremos expresar nuestra más absoluta disconformidad con la línea argumental utilizada en los alegatos», dijeron.

El documento contradice al ministro Garavano, quien sostuvo que la posición pronunciada por Console representaba a la de la mayoría de los abogados de la Unidad. Una mentira con patas cortas y manos largas extendidas al rescate de dos acusados.

Para Memoria Activa, los signos de coordinación manifiesta entre el gobierno y la defensa de los fiscales involucran también al tribunal. Familiares y víctimas dan como ejemplo otro episodio ocurrido durante la audiencia del jueves: un pedido del Tribunal Oral Federal 2 al Consejo de la Magistratura porteño, a Garavano y al titular de la Unidad AMIA, Mario Cimadevilla, acerca de la contratación y habilitación del abogado Console.

La solicitud surgió luego de que miembros de la querella señalaron que Console trabaja en simultáneo como secretario en el Consejo de la Magistratura, por lo que plantearon dudas respecto de su idoneidad para participar en representación del ministerio.

Por temor a que se plantee una posible inhabilitación, el abogado de Mullen y Barbaccia pidió la suspensión de los alegatos para evitar futuros pedidos de nulidad. «No sea cosa que se anule el alegato que pide la absolución de sus clientes. Y, por supuesto, no sea cosa que se note que estarían actuando coordinadamente con la querella de Garavano en defensa de los mismos intereses», resumió Memoria Activa.

«¿Qué inocente acaso necesitaría construir semejante escándalo para no ser condenado?», se preguntan los familiares en ese mismo texto. Otra interrogante que se suma a un caso que, luego de dos décadas, tiene más preguntas que certezas. «