Un caso testigo de lawfare

Más avejentado y sin el bigote que lucía en su época de comisario bonaerense, Aníbal Degastaldi se sentó ante el escritorio del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, masajeándose las muñecas luego de que un guardia le quitara las esposas. Ya llevaba dos días tras las rejas, al igual que su antiguo colega, el ex comisario Ricardo Bogoliuk, en virtud de haber sido señalados por el falso abogado Marcelo D’Alessio como los dos agentes de la AFI que le encargaron operaciones de inteligencia para extorsionar, presionar y manipular personas en causas penales de dudoso trámite. Ahora oía la lectura de la acusación con cara de ofendido. Seguidamente, se negó a declarar.

Media hora después, la indagatoria a Bogoliuk fue un calco de la suya. Corría la mañana del 27 de febrero.

A esa misma hora, D’Alessio era bajado de una camioneta en el playón del edificio de Comodoro Py. Vestía ropa deportiva, chaleco antibalas y casco.

Ni bien puso un pie en el Juzgado Federal Nº 9, se disculpó ante su titular por no estar de traje y corbata. «Lo que pasa es que estoy detenido», supo aclarar con una sonrisa triste. Había sido citado a indagatoria por chantajear en 2016 a un tal Gabriel Traficante con la exigencia de 90 mil dólares para despegarlo de un expediente del fuero penal económico. Ahora oía la lectura de la acusación en medio de un sinfín de muecas; la luz amarillenta del despecho le concedía a su rostro sin cejas cierto aire de reptil. Seguidamente, se negó a declarar.

El juez asimiló su silencio con una actitud comprensiva. Lo notable es que este era nada menos que Luis Rodríguez, a quien Carolina Pochetti (viuda del ex secretario de Néstor Kirchner) acusa por el soborno de 10 millones de dólares para aliviar su situación procesal. Coincidencias de la vida.

En tanto, a escasos metros de su juzgado, específicamente en la Fiscalía Federal Nº 4, el aire se podía cortar con un cuchillo, ya que corría el rumor de que ese sitio sería allanado de un momento a otro por orden de Ramos Padilla. Ese era el feudo de Carlos Stornelli.

Ya se sabe que al día siguiente este fue citado a indagatoria en Dolores, después de que el juez lo imputara por «operaciones ilegales de inteligencia y espionaje», en presunta complicidad con D’Alessio, Degastaldi y Bogoliuk.

Ese jueves tampoco fue un buen día para el periodista del diario Clarín, Daniel Santoro, aunque aún no fue citado a Dolores como sospechoso. Pero a su vidrioso vínculo con D’Alessio, plasmado con la apoyatura periodística al «ablande» de las posibles víctimas, se agregaron los informes de inteligencia que hizo sobre sus compañeros del programa Animales Sueltos, motivo por el cual dejó de salir al aire además de causar rechazo y estupor entre sus colegas.

Todo indica que este es el gran caso testigo del ejercicio de lawfare, tal como se le dice a la judicialización de la política mediante la alianza entre los servicios de inteligencia, el Poder Judicial y la prensa. Tanto es así que los nombrados habrían actuado al respecto como un aceitado grupo de tareas, a juzgar por sus roles: los ex comisarios asimilados a la AFI, como proveedores de la información reunida por ese organismo para facilitar la labor extorsiva; D’Alessio como el cazador de la presa, secundado por la influyente presencia y los textos de Santoro, mientras que Stornelli encarnaba la cima de semejante mecanismo, ya sea con fines crematísticos o procesales.

El lawfare puede tener por objeto desestabilizar gobiernos «populistas» o neutralizar opositores, depende desde donde se aplique. En Argentina, sus primeros signos visibles fueron articulados por el fiscal Alberto Nisman con la denuncia contra CFK y el canciller Héctor Timerman por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Otro hito: a mediados de 2015, la maniobra basada en el falso testimonio de los hermanos Martín y Criatian Lanatta para enlodar la candidatura bonaerense de Aníbal Fernández. Y ya con el macrismo en el poder, el laboratorio en la materia fue la provincia de Jujuy con la crucifixión de Milagro Sala en aras de imponer un ejemplo aplastante de disciplinamiento social. Pero la temporada nacional de esta especialidad comenzó el 15 de abril de 2016 con la citación del juez Claudio Bonadio a la ex presidenta por el tema del dólar a futuro; aquella vez su llegada al edificio de Comodoro Py se transformó en un acto opositor. Sin embargo, eso no frenó el ímpetu lindante entre la dramaturgia y el revanchismo que el Poder Ejecutivo había empezado a deslizar. A partir de entonces las prisiones preventivas para ex funcionarios fueron moneda corriente, al igual que otros tantos expedientes surgidos de la imaginación de sus instructores. La lista es larga, pero no está de más rescatar dos clásicos: el antojadizo renacimiento de denuncia por el Memorándum con Irán y la conversión del suicidio de Nisman en un asesinato. Claro que en ese marco nada fue comparable con la llamada «causa de las fotocopias».

Claro que Stornelli no imaginó que allí lo acechaba la circunstancia más embarazosa de su existencia.

Una circunstancia que, además, puso al descubierto el carácter orgánico de este tipo de trapisondas en casi todos los recovecos de Comodoro Py. Un edificio que por tales disfunciones tal vez en el futuro sea sitio de memoria.