Un crimen político que desnuda el plan represivo del gobierno de Temer

Las balas que mataron a la concejala de izquierda Marielle Franco en Río de Janeiro eran de la Policía Federal, lo que llevaría la investigación a grupos paramilitares vinculados con las fuerzas de seguridad que por estos días tienen militarizada a la capital cultural del Brasil. El crimen, además, pone en evidencia el desdén del gobierno de Michel Temer por el activismo social. 

En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió este fin de semana al gobierno brasileño que «implemente eficazmente el Programa de Protección de Defensores de DD HH» creado en 2004 para garantizar la integridad de quienes están en riesgo por su trabajo en la promoción de derechos. Justamente la situación a la que se exponía la concejala del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) asesinada el miércoles junto con su chofer, Anderson Gomes, en el centro de la ciudad. 

«El Estado brasileño debe adoptar urgentemente las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de defensores y defensoras de los Derechos Humanos», sentenció la CIDH.

Días antes de que la ejecutaran, Franco denunció en su cuenta de Twitter la matanza de un joven, posiblemente a manos de la Policía Militar, y se preguntaba sellando un augurio macabro: «¿Cuántos más precisan morir para que esta guerra acabe?». Incluso horas antes de su muerte había enviado un artículo al diario Jornal do Brasil en que criticaba la intervención: «La seguridad pública no se hace con más armas sino con políticas», dice el texto que fue publicado post mortem.

Ahora, el movimiento social y los partidos de izquierda «tienen miedo de que ella sea la primera de una serie de asesinatos», según dijo a Tiempo un activista que participó de las masivas marchas de homenaje a la joven política de 38 años que se realizaron el jueves en todo el país. 

El activismo también relaciona el crimen con la militarización de Río, que el gobierno de Temer instauró hace un mes. «El gobierno necesita de aprobación popular para la intervención militar. Y con este crimen pueden decir que la ciudad está muy violenta y eso justifica la intervención», señaló el dirigente social bajo reserva de su nombre.

Franco era una activa militante feminista, lesbiana, negra y defensora de los derechos de los afrodescendientes en Brasil. Criada en la favela Maré, se recibió de socióloga luego de presentar una tesis de maestría en la que investigó el accionar de la Policía Militar en las favelas, institución a la que denunciaba activamente por su violencia sistemática contra jóvenes negros. Se desempeñaba en el legislativo comunal como presidenta de la Comisión de la Mujer, desde la que se dedicaba a defender los derechos de las identidades subalternas y excluidas. Había sido la quinta concejal más votada en las elecciones municipales de 2016 por el PSOL, un pequeño partido escindido del PT, que tiene seis diputados en el Congreso Nacional. «Su carrera política era corta pero intensa. Estaba muy presente en la vida pública de Río», comentó a Tiempo Mariana Filgueiras, periodista independiente de esa ciudad. «Marielle estaba siempre atenta a los derechos civiles y humanos, siempre escuchaba a la gente y nunca abandonó las causas del barrio de donde venía, Maré. Los alumnos, las madres, las mujeres, los gays, eran sus banderas», relató.

Los peritos determinaron en las últimas horas que las balas que la mataron pertenecen a un lote adquirido para la Policía Federal de Brasil. Para el activismo, está claro que se trató de un crimen político, aunque la Justicia aún no lo estableció así.  «