Un diputado del FIT desenmascaró dos camionetas que espiaban en AGR

El diputado nacional Néstor Pitrola (FIT) hizo público el operativo de espionaje que realiza la Policía Federal sobre la planta de AGR-Clarín, ocupada por los trabajadores en defensa de sus puestos de trabajo.

El legislador observó la presencia de dos camionetas blancas sin identificación que realizaban tareas de “inteligencia” sobre los trabajadores. Encaró, junto con una cámara del Canal 26 de televisión, una de esas camionetas, con patente KFS 412 (la placa de la segunda es JQS 751), que se encontraba estacionada con una larga antena sobre el techo en las cercanías del lugar. Así de simple desenmascaró una operación ilegal de inteligencia estatal sobre los trabajadores.

Al reclamarle la orden judicial a quien se identificó como Antonio David Galván, cabo primero de la Policía Federal, este admitió que no la poseía; cabe aclarar que según “la nueva legislación nacional, la inteligencia corre por cuenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, como más tarde refrendó Claudia Ferrero, abogada de APEL (Asociación de Profesionales en Lucha).

En el didáctico diálogo que el dirigente político mantuvo con el encargado de la pobre operación de inteligencia además de exigirle la orden judicial –de la que carecía el menesteroso funcionario– le reclamó que “no puede hacer inteligencia sobre los trabajadores, sobre la población ni sobre las organizaciones sindicales o políticas que están actuando en esta lucha”. En el lugar Pitrola adjudicó esta situación a un arreglo entre Héctor Magnetto y la ministra Patricia Bullrich.

El diputado denunció “la saña y la persecución sobre la lucha de los obreros de AGR se explican por las dimensiones del conflicto en curso, que tiene alcance nacional porque es una prueba piloto para avanzar sobre los derechos del conjunto del movimiento obrero y liquidar los Convenios Colectivos de Trabajo”.

Además formalizó dos denuncias, una, como un pedido de informes al Poder Ejecutivo, dirigido al jefe de Gabinete Marcos Peña y la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich; la segunda ante el Juzgado Federal N° 4, a cargo del Juez Ariel Lijo y el fiscal Juan Pedro Zoni, de la Fiscalía 8.