El administrador de Mar-a-Lago, el complejo del expresidente en Palm Beach, Florida, acudió a la Corte donde escuchó cómo el juez le leía los cuatro cargos que se le imputan, entre ellos, conspiración para obstruir a la justicia y falso testimonio.
Carlos de Oliveira, administrador de Mar-a-Lago, el complejo de Trump en Palm Beach, Florida, acudió a la corte este lunes por la mañana junto a su abogado, John Irving.
Vestido con un traje azul marino, Oliveira escuchó atento cómo el juez Edwin G. Torres le leía los cuatro cargos que se le imputan, entre ellos conspiración para obstruir a la justicia y falso testimonio.
Oliveira, de 56 años, no hizo ninguna declaración sobre su supuesta culpabilidad durante esta breve audiencia.
La Fiscalía lo añadió la semana pasada al caso abierto contra Trump y su ayudante personal Waltine Nauta, a los que acusa de intentar evitar que las autoridades recuperasen documentos secretos que el expresidente se llevó al abandonar la Casa Blanca en enero de 2021.
La acusación asegura que Trump, Nauta y Oliveira pidieron a otro empleado del magnate que borrara los videos de las cámaras de seguridad de Mar-a-Lago para evitar que el FBI y la justicia accedieran a ellos.
De Oliveira le dijo supuestamente a ese tercer empleado de Trump que «el jefe» quería que se borrara el servidor con los registros de las cámaras de seguridad de un almacén.
Trump y Nauta se declararon no culpables de los delitos imputados en sus audiencias respectivas.
El juez Torres pidió una fianza de 100.000 dólares para Oliveira, exigió la entrega de su pasaporte estadounidense en 48 horas y le prohibió comunicarse con los demás acusados.
«Lamentablemente, el Departamento de Justicia ha decidido presentar estos cargos contra el señor De Oliveira», declaró el abogado Irving al salir del tribunal, informó la agencia de noticias AFP.
«Ahora es el momento de que demuestren lo que dicen. Estoy deseando ver lo que descubren», añadió.
Trump ha sido inculpado de 31 cargos de «retención de información de defensa nacional» por supuestamente esconder documentos clasificados en su residencia floridana y negarse a devolverlos a los Archivos Nacionales, poniendo en peligro la seguridad nacional.
El comienzo del juicio por este caso está fijado para mayo de 2024, en plena campaña presidencial en Estados Unidos, donde Trump es el favorito para liderar a los republicanos.
Trump se enfrenta a otros problemas legales, incluida una inminente acusación en el estado de Georgia por los supuestos intentos del expresidente de modificar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, en las que fue derrotado por el presidente demócrata Joe Biden.
Este lunes, el juez que instruye el caso contra Trump en Georgia desestimó un recurso de los abogados del expresidente contra la investigación y una petición para apartar a la fiscal que la lleva adelante.
En un resolución de nueve páginas, el juez superior del condado de Fulton, Robert McBurney, dijo que Trump no tiene «fundamentos para presentar un recurso en esta fase del procedimiento previa a una posible imputación».
La fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, presentará el caso a un gran jurado el 1 de septiembre y podría acusar a Trump de asociación para delinquir y conspiración.
El juez McBurney dijo que la fiscal Willis «no ha sido ni partidista ni personal, en claro contraste con el torrente de ataques personales de uno de los demandantes», en referencia a Trump.
El expresidente también afronta varios cargos en un caso de fraude fiscal en Nueva York, relacionado con pagos a la estrella porno Stormy Daniels para supuestamente comprar su silencio sobre una infidelidad.
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