Un ex Centro Clandestino corre peligro por una obra de la Ciudad

Un ex Centro Clandestino de Detención y Exterminio corre riesgo de ser demolido por una obra del Gobierno de la Ciudad. El 1º de noviembre a las 16 horas, AUSA Autopistas Urbanas hará la apertura de sobres para el primer tramo de la construcción del “Paseo del Bajo”. Consistirá en un viaducto para establecer la Autopista Ribereña que se conectará con las autopistas Illia al norte, la Buenos Aires–La Plata al sur, y la 25 de Mayo al oeste. El detalle es que en este último tramo, sobre Paseo Colón, se encuentra ubicado el ex CCDTyE “Club Atlético”. Los pliegos no dicen nada acerca de este sitio protegido por leyes y decretos. En cambio, hablan de demoliciones y movimiento de suelos que deberá hacer la empresa que gane esta megaobra valuada en 650 millones de dólares.

“Aparte del negocio vial, inmobiliario y financiero, el gobierno busca resolver el déficit de infraestructura vial relacionada con el Comercio Exterior y los puertos. El viaducto que conectará la obra nueva con la Autopista 25 de Mayo debe ejecutarse ¡exactamente arriba del Ex CCDTyE «Club Atlético»! La obra implica demoliciones, ejecución de bases, movimiento de suelos, que afectan directamente el Sitio en el subsuelo, la planta baja y su zona de amortiguación”, indicaron desde la Comisión de Trabajo y Consenso del “Club Atlético”. Los trabajadores, junto a sobrevivientes, familiares, y acompañados por organizaciones de derechos humanos, se declararon en “alerta amarilla” y encararon una campaña de adhesiones para que se cumplan con las leyes de Protecciones Patrimoniales del Sitio, por el que pasaron más de 1500 personas, “y se profundice el avance del Programa, mediante su recuperación arqueológica y su puesta en valor”. También exigen que el proyecto oficial incorpore una Circular que mencione de manera explícita las especificaciones legales respecto de este Espacio de Memoria.

No es la primera vez que el lugar corre peligro. Hace pocos años el gobierno porteño propuso uno de los tantos Metrobuses precisamente en Paseo Colón, el cuál también afectaba a otros sitios paradigmáticos como el Instituto educativo Isauro Arancibia y el edificio Marconetti. Ahora es el turno de la Licitación Pública N° 2016-01-0007-00 denominada “Proyecto Ejecutivo y Construcción del Paseo del Bajo – Tramo A: Viaductos” a la que se le suman dos tramos más para “trincheras semicubiertas”.

Se trata de un proyecto reflotado por Horacio Rodríguez Larreta gracias a un préstamo internacional del Banco de Desarrollo de América Latina (Corporación Andina de Fomento) de 400 millones de dólares, a lo que le sumarán otros 250 millones de dólares (sin contar impuestos) propios de la Ciudad y la Corporación Antiguo Puerto Madero. La mayoría de ese monto lo obtendrán a partir de la venta del playón ferroviario lindero a Catalinas Norte, donde permitirán la construcción de oficinas.

El Paseo del Bajo se compondrá principalmente de una autopista de 6 kilómetros, que conectará el sur con el norte porteño, entre Alicia Moreau de Justo y Madero-Huergo, y luego en la zona de Retiro circulará por Av. Ramos Mejía, Antártida Argentina y Castillo. Tendrá cuatro carriles (dos en cada sentido) exclusivos para los 10 mil vehículos de tránsito pesado que recorren por día esa traza, y otros cuatro carriles a los costados para autos y colectivos de corta distancia, además de espacios verdes y recreativos. “Las obras comenzarán en noviembre y se prevé la finalización durante el primer semestre de 2019”, anunció el jefe de Gobierno en abril pasado, cuando lanzaron la obra, que aportará “60 mil metros cuadrados de espacios públicos”: sería la superficie de casi dos Parque Lezama.

Hay consecuencias instantáneas que generará el megaproyecto, pensado hace 65 años. Una será la eliminación de mil plazas de estacionamiento, sobre las 7500 que yacen hoy en toda la zona. Otra consistirá en el desmantelamiento del tranvía de Puerto Madero, que nunca llegó a tener un normal funcionamiento y ahora es definitivamente descartado por el gobierno porteño. También significará una suba en el valor de las propiedades, sobre todo en el sur de la Ciudad, donde subyace una problemática habitacional hasta hoy irresoluta.

Pero la principal problemática gira en torno al ex CCDTyE, declarado Sitio Histórico (por la Ley N° 1794 de Ciudad), Lugar Histórico Nacional (Decreto N° 1762/2014), Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado (Ley 26.691), y cuenta con la protección de la Ley Nº 25743 como Sitio Arqueológico, “por lo que no puede ser intervenida, salvo para avanzar en el rescate y puesta en valor del Sitio”, remarcaron desde la Comisión.

El pliego de licitación detalla en innumerables planos todas las interferencias de infraestructura de servicios que el contratista debe resolver para construir la Autopista, así como reubicar, reparar, o resolver los edificios que demuele o afecte a su paso (Comisaría 22 y garajes privados, por dar ejemplo), sin embargo no menciona al “Club Atlético” ni a las normas que impiden su intervención. De hecho, en el plano PDB-LG-PL-0106-03 se considera a la manzana donde está emplazado el Sitio como “Área de logística de obra”.  Los trabajadores recordaron que el espacio “sigue enterrado en un 90%, ya que AUSA, en épocas de la dictadura, demolió el edificio que era la sede del Servicio de Aprovisionamiento y Talleres de la División Administrativa de la Policía Federal y construyó la autopista arriba, quedando bajo tierra el sótano donde funcionó dicho centro clandestino”. Y acotaron que a partir del Programa de Recuperación de la Memoria, en la parte excavada desde el 2002 hallaron numerosos elementos “probatorios de la represión, que ayudaron al rescate de la memoria y son prueba para los juicios de Lesa Humanidad”. 

Precisamente en materia judicial, el “Club Atlético” es protagonista del llamado “Juicio ABO” que aborda el circuito represivo que también involucra a “El Banco” y “El Olimpo”. La causa radica en el Tribunal Oral Federal N°2, y en este tercer tramo que continuará el martes 1 de noviembre a las 8.30 en Comodoro Py, se juzga a nueve represores por 352 casos. Con escasos fundamentos, el Tribunal decidió que no es obligación de los imputados estar presentes en las audiencias. Fue ante un pedido de la defensa, con el argumento de evitar que los represores juzgados “se levanten temprano, viajen incómodos y duerman poco”.