Un exceso «criminal» en cumplimiento del deber

Los magistrados del Tribunal Oral de Menores (TOM) Nª2 le obsequiaron al policía Luis Chocobar –juzgado por el asesinato del ladronzuelo Pablo Kukoc, una condena de dos años de prisión en suspenso y lo inhabilitaron por cinco para ejercer cargos públicos. De modo que, transcurrido dicho lapso, el criminal (por lo menos ahora se lo puede llamar así) podrá nuevamente lucir algún uniforme para matar a otro pibe por la espalda.

Tal sentencia hasta fue 365 días más benévola que la pena solicitada por la fiscal Susana Pernas.

El hecho sucedió el 8 de diciembre de 2017, en el barrio de la Boca, luego de que un turista norteamericano fuera asaltado y herido a puntazos por Kukoc y un cómplice. A éste –cuya identidad se mantiene en reserva porque en ese momento era menor– le tiraron por la cabeza nueve años de prisión efectiva, aunque la fiscal pedía exactamente el doble. 

Pero concentrémonos en la situación de Chocobar.

En el juicio se reprodujeron repetidamente las imágenes captadas aquel día por una cámara de seguridad instalada en la esquina de Irala y Suárez. Allí se lo ve al suboficial disparándole seis balazos por la espalda Kukoc, de 17 años, ya caído por un tiro previo que le quebró un fémur.

Aquel homicidio desaforado y alevoso fue para la fiscal y los jueces nada más que un sencillo “exceso en el cumplimiento del deber”.

Aún así, el abogado querellante, Pablo Rovatti, no sin lamentar el carácter casi simbólico del fallo, dijo que “lo más importante es que el tribunal dictó una condena. Esto quiere decir que los jueces consideraron que lo que hizo Chocobar es un crimen. Y que ningún policía puede hacer lo que él  hizo, que eso está prohibido y es delictivo”. Rovatti es integrante del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico de Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación.

Tal vez por esa razón, la sentencia no provocó el beneplácito de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Había que verla ayer, en la explanada del edificio de Comodoro Py, al acariciar con atroz dulzura el barbijo del matador.

«Vos hiciste todo lo que tiene que hacer un buen policía”, le gritó al oído, como para que la frase fuera captada por los micrófonos de la TV. Luego, garrapateó en su cuenta de Twitter: “Condenaron a Chocobar, un policía que hizo su trabajo: defender a una víctima de un asalto e intento de homicidio. Esta sentencia condena a toda la sociedad: ¿qué policía va a querer actuar sabiendo que terminará juzgado? Lamentablemente, el relato pudo más que la verdad”.

También se pronunciaron en tal sentido otras voces, como la de Mauricio Macri y Waldo Wolff. Pero “Pato” estaba particularmente ofuscada. Al fin y al cabo, el cariz de la sentencia iba en detrimento de su afamada “doctrina Chocobar”, tal como fue bautizada durante su gestión la práctica indiscriminada de los fusilamientos extrajudiciales.

Para abordar este punto es necesario describir su marco propiciador: un escenario salpicado por la realización de “controles poblacionales”, así como se denominaban las razzias en barrios pobres; las constantes vejaciones a niños indigentes que circulaban en espacios públicos vedados para ellos por las leyes no escritas del apartheid; las capturas callejeras de adultos jóvenes por razones lombrosianas; el despojo de mercaderías a manteros y el sistemático hostigamiento a inmigrantes, entre otras delicias. Una dialéctica de la “seguridad pública” como valor supremo que el macrismo impuso en la vida cotidiana con siniestra eficacia.

En semejante contexto, la práctica del “gatillo fácil” y las muertes por tormentos en comisarías, eran la frutilla del postre. Pero es necesario aclarar que no se trató de un invento del macrismo. Ni es una exageración decir que todavía hoy la práctica del “gatillo fácil” cruza barrios y arrabales como un fantasma apenas disimulado. Y que se trata –por lo general– del único delito sin fines de lucro que cometen los uniformados. Aunque también hay casos –como el de Luciano Arruga– donde el homicidio se comete por la negativa de la víctima a robar para ellos.

En términos numéricos, desde el comienzo de la era democrática hasta fines de 2015, hubo 4737 asesinados por fuerzas de seguridad; es decir, un promedio de aproximadamente 152 víctimas anuales. Del total, 2653 murieron en casos de “gatillo fácil” y 2084, en situaciones de cautiverio, mientras que otros 73 fueron matados durante movilizaciones y protestas.

Pero bajo el régimen macrista tal conteo creció de manera exponencial: 1087 víctimas entre comienzos de 2016 y fines de 2018. O sea, 362 víctimas por año, lo cual establece una muerte cada 23 horas, según cifras coincidentes de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

Durante el ominoso paso de Bullrich por el Ministerio de Seguridad, los asesinatos policiales fueron una política de Estado. Y Chocobar, un ícono al respecto. “Quiero reconocer tu valentía y ofrecerte mi apoyo”, le soltó Macri apenas transcurrido un día del asesinato de Kukoc, al recibirlo en el despacho principal de la Casa Rosada. El asesino se sonrojó. Y Bullrich observaba la escena con una expresión entre cariñosa y comprensiva.

Ahora, este juicio oral fue una buena excusa para el reencuentro entre la presidenta del PRO y su conejillo de Indias más dilecto. «