Un fallo de la Corte amenaza las finanzas de los sindicatos de EEUU

La Corte Suprema de Estados Unidos, con mayoría conservadora, le dio otro gusto a Donald Trump al emitir un fallo en que considera que los aportes gremiales obligatorios son inconstitucionales. Si bien el caso afecta directamente a los colectivos de empleados públicos, la decisión implica jurisprudencia hacia el resto de las organizaciones gremiales. El caso en realidad falla sobre el derecho de los sindicatos a cobrar una cuota a los afiliados cuando se realiza una negociación salarial. 

Trump celebró la medida porque, chicaneó desde un tuit, la decisión del tribunal es «a favor de los trabajadores no sindicalizados que ahora, por ejemplo, pueden apoyar a un candidato de su elección sin que los que controlan el gremio decidan por ellos», lo que para el presidente,  es una «¡Gran pérdida para la caja de los Demócratas!». Sin embargo, los más directos perjudicados son los sindicatos, que de golpe pierden, según un estudio independiente publicado por la cadena NBC News, 726.000 miembros aportantes.

Así lo indicó Randy Clover en declaraciones a The New York Times en que puntualiza que la intención de los demandantes es «destruir a los sindicatos y la protección que brindan a sus miembros». Lo destacable de Clover es que no se trata de un dirigente demócrata, sino de un líder republicano que votó a Doland Trump en la última elección.

El fallo obedece a reclamos de grupos libertarios de los que se hizo eco el gobernador de Illinois, el republicano Bruce Rauner en su propio estado. El mandatario no fue aceptado en la demanda, pero sí un trabajador público, Mark Janus, que dijo que el requisito de pagar las cuotas era violatorio de su libertad de asociación.

Los representantes sindicales, por su parte, alegan que mantener la estructura de los gremios y hacerse cargo de negociaciones con los diferentes estamentos por aumentos salariales o condiciones laborales implica una erogación de las que se harían cargo solo los afiliados, pero cuyas ventajas disfrutan eventualmente todos los involucrados. Esta ventaja es conocida en los corrillos laboralistas como el caso de los «jinetes libres», trabajadores que reciben los beneficios de un acuerdo sindical sin pagar por él.

Para el argumento «libertario», los trabajadores no sindicalizados que estén obligados a pagar, pierden su derecho de libre expresión ya que subvencionan actividades políticas del gremio con las que no necesariamente están de acuerdo.  Una respuesta podría ser, bajo la misma concepción ideológica, que en ese caso no deberían recibir los mismos incrementos que sus colegas afiliados.

Esta corte es una de las más conservadoras en la historia de Estados Unidos. La muerte de Antonin Scalia, en febrero de 2016, pudo haber cambiado la balanza porque en ese momento Barack Obama era presidente y a él le tocaba proponer un reemplazante.

Su candidato era Merrick Garlan, considerado un moderado, pero -al igual que ocurrió en Argentina en el último tramo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando la oposición se negó a aprobar pliegos del oficialismo en el máximo tribunal- los republicanos dijeron que correspondía esperar ya que estaban en pleno año electoral. Fue así que entre las primeras medidas de Donald Trump estuvo la designación de Neil Gorsuch, de 50 años, al que catalogan de «originalista»; esto es, que interpreta la Constitución según la intención que tuvieron quienes la redactaron.

De hecho, el caso de los aportes de no sindicalizados se arrastra desde hace dos años pero el deceso de Scalia dejó el fallo 4 a 4. El desempate lo produjo Gorsuch. El fallo revoca una decisión de 1977sobre un reclamo de un particular contra la Junta de Educación de Detroit. En ese momento, el argumento fue que si bien obligar a pagar actividades políticas de un gremio es violatorio de la primera enmienda constitucional, se aceptó que es legítimo exigir a los no miembros a colaborar en el pago de los esfuerzos de negociación colectiva y eludir de ese modo a «aprovechadores» (freeloaders)y también asegurar «la paz laboral».

El dictamen final profundiza la línea de 1977,  acerca de que que exigir pagos  sería violatorio de la Primera Enmienda, que establece una amplia libertad de expresión, religión y de prensa. Pero le quita el otro aditamento económico y como corolario, impide que un sindicato exija pagos por sus servicios a los no afiliados. «Obliga a los trabajadores no agremiados a respaldar mensajes que podrían estar en desacuerdo con sus creencias», dice uno de los magistrados. El del juez Samual Aito, especifica que «ni el estado ni los sindicatos pueden extraer «honorarios de agencia», como se denomina al cobro  por el servicio laboral a los no agremiados.

En disidencia, la jueza Elena Kagan, señaló en cambio que una posición como la establecida por este tribunal termina con «una práctica arraigada en el derecho y la economía de la Nación por más de 40 años y en consecuencia impide al pueblo estadounidense tomar decisiones importantes sobre la gestión en el lugar de trabajo. Y lo hace extremando la primera enmienda que libera a los jueces, actuales y futuros, para intervenir en la política económica y regulatoria».

Analistas como Adam Liptak, en The New York Times, opinan que es una forma de bloquear fondos para la tarea gremial aunque,  señala, los trabajadores sindicalizados son apenas el 6,5% de los empleados en el sector privado , mucho menos de los que representan los trabajadores estatales, que es el colectivo directamente implicado en la sentencia..